El bienestar de adultos mayores en tiempos de emergencia sanitaria, depende de sus condiciones económicas y salud, alerta estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. En el país, 23% de este sector de la población, trabaja, no obstante estar en edad de retiro; otro 43%, labora en actividad con riesgo de perder empleo.

En ese panorama adverso para la economía de connacionales en retiro, cuando pierden empleo, sus ingresos dependerán de apoyo gubernamental que se conoce como Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, recursos que no cubren sus necesidades básicas, no obstante que este año, se adelantó un bimestre, para enfrentar crisis sanitaria y económica.

Ello, exponen investigadores del CIEP, Francisco Alberto Pérez Pacheco y Alejandra Macías Sánchez, implican recursos por 19 mil 715 mdp, el 0.08% del Producto Interno Bruto, para que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, entregue esa pensión, hasta fin de año.

Final de marzo pasado, inició confinamiento para la población, en especial, mayores de 60 años, cual medida sanitaria, para encarar emergencia.

Secretaría del Bienestar, adelantó pago correspondiente al bimestre mayo-junio, por lo que para el bimestre marzo-abril pasados, dispersaron entre adultos mayores, 5, 240 pesos, para proteger su economía.

Los investigadores del CIEP, observan que el programa, no cubre a todos los adultos mayores que dejaron de trabajar y, el monto que se entrega, no es suficiente para satisfacer sus necesidades.

El año pasado, 23% de los adultos mayores de 68 años, reportó tener empleo y recibir salario por su actividad, lo que representa un millón 700 mil adultos mayores; 79% lo hace en la informalidad y 21% restante, tiene un trabajo formal, de acuerdo a datos del Inegi, 2019.

Cuando adultos mayores pierden el trabajo, su fuente de ingresos es: donaciones de terceros, familiares o conocidos; y de transferencias del gobierno, pensiones o jubilaciones, aunque el acceso y montos en ambos casos, son variables. En consecuencia, la fuente de ingresos constante a la que tienen acceso, es la pensión gubernamental.

Sistema de protección social en el país, opera pensiones contributivas y no contributivas. En el caso de la pensión para adultos mayores, al no estar condicionado a algún tipo de contribución por parte de los beneficiarios, se trata de pensión no contributiva.

En este año, la Cámara de Diputados aprobó a ese rubro, 129 mil mdp, en el  Presupuesto de Egresos de la Federación; apoya a 8 millones de mexicanos, aproximadamente; monto de la pensión, 1,310 pesos mensuales.

Sin considerar gastos extraordinarios, adultos mayores no podrán solventar necesidad básica, con el PBA; además, habrá un bimestre en el que no recibirán pensión. Para cubrir esta falta de recursos, Presupuesto para el programa, debe aumentar 15%, lo que representa aproximadamente, 19 mil 715 millones de pesos, adicionales a lo que se aprobó para este año.

Esos recursos, equivalen al presupuesto que se aprobó este año a programas como Escuelas de Tiempo Completo e Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, ambos, de la secretaría de Educación Pública, cuyos objetivos, son mejorar educación básica y promover la investigación.

Los académicos del CIEP, advierten que, por impacto de Covid-19, 753 mil adultos mayores, ocupados, mayores de 68 años, están en riesgo de perder su trabajo, por lo que aumenta su dependencia de la pensión gubernamental que, para este mes, solo alcanzará a cubrir lo básico.

En el contexto del análisis que hicieron Alberto Pérez y Alejandra Macías, entendemos apuros que tiene el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de obtener recursos, para controversial política asistencial.

Ayer, el político de Tabasco, informó acciones que alista su gobierno, para intensificar combate al huachicol fiscal, flagelo que permeó en la nación, desde el 2010, durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, cual denotaron señalamientos que hicieron en el foro matutino presidencial, la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez y Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda.

Primer “paquete” de indagatorias a empresas factureras, comprende 43 de éstas, en el que participaron 8 mil 202, entre personas físicas y morales; hicieron movimientos por 93 mil mdp, recursos que, de pagar impuesto, a la Tesorería de la Federación, hubieran ingresado, por concepto de ISR, 24 mil 500 mdp y de IVA, 11 mil 396 mdp.

Tampoco, pagaron retención del ISR, por 19 mil mdp, operaciones simuladas, por las que, dejaron de pagar al SAT, 55 mil 125 mdp. La oficina que jefatura la señora Buenrostro, lo único que puede recuperar son los 19 mil mdp, cifra que, casualidad o coincidencia, es lo que requiere el gobierno federal para que, al cierre de año, entregue de manera oportuna, Pensión de Bienestar para Adultos Mayores, como reporta investigación del CIEP.

Cual diputado federal -LVI Legislatura-, Jesús Ortega Martínez, entonces coordinador parlamentario del PRD, nos declaró que al país, urge reforma integral en materia fiscal, para combatir evasión, elusión y colusión.

¡Ojalá!, régimen del presidente López obrador, encare huachicol fiscal, que no sea mera simulación, y mucho menos, escándalos mediáticos.

Por lo pronto cual informó ayer el Procurador Fiscal de la Federación, presentan siete querellas contra grupos principales de factureras, para tratar “de cuadrar”, dos delitos: defraudación fiscal y lavado de dinero; contribuyentes que actuaron de buena fe y los engañaron en su contabilidad, tienen 3 meses para que regularicen su situación ante el SAT.

Recursos por 55 mil 125 mdp, que evadieron en el ejercicio fiscal del 2017.

En el combate a huachicol fiscal, se coordinan, el SAT, Procuraduría Fiscal, la UIF de la SHCP y Consejería Jurídica de la Presidencia.

¡Ah! y la Fiscalía General de la República, que ya tiene las querellas.

EN EL CHACALEO

Crisis de salud, económica, inseguridad, corrupción y falta de gobernanza, flagelos que padecen los mexicanos en los tiempos de pandemia, acusa el diputado panista, Juan Carlos Romero Hicks… Comisiones del ramo en el Congreso de la Unión, anunció el diputado Juan Ríos Fararoni -Morena-, acordaron prohibir importación de filetes de pescado frescos, refrigerados y congelados al mercado nacional, para fortalecer cadenas productivas del sector pesquero, acuícola y ofrecer al consumidor, precios accesibles… En reunión virtual en la que estuvo el senador José Narro Céspedes, nuestros representantes populares suscribieron convenio con funcionarios de las secretarías de Economía, Agricultura y Desarrollo Rural y la comisión Nacional de Acuacultura y Pesca… En el 2014, los tolucos que llevaron al país al saqueo, corrupción y pillaje, cual acusa en su foro matutino el presidente López Obrador, aprobaron importar aquellos productos del mar, de China, Vietnam y Japón, y dejaron en desventaja a ese sector del país, sin oportunidad de competir, por sus costos de producción, “una práctica que beneficiaba a muy pocos, porque el alimento ingresaba a bajo costo, pero el precio a los consumidores, no disminuyó”, acusa el legislador Juan Ríos. ¡Enhorabuena!… Nos leemos, próximo viernes… Este miércoles, deseamos a los amigos de este espacio, colaboradores, lectores y clase política del país, un ¡Feliz Día de San Juan!… www.los3poderes.com… juanlopez23@hotmail.com… Twitter: @JuanLopezMiguel…