Los resultados que arrojó la Tercera Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía –Inegi-, ubican al órgano autónomo, como suplente de los partidos políticos que contienden en 12 entidades para una gubernatura; en Baja California y la capital de la República, por alcaldes, diputados locales y “constituyentes”.

De esa manera, mientras los aspirantes a un cargo de elección popular realizan campaña política en las explanadas estatales o cabeceras municipales; en distritos electorales locales o en delegaciones capitalinas, el Inegi, se les adelantó con aquella encuesta, y de esa manera, recogió datos duros, sobre inseguridad, delincuencia y corrupción, flagelos que en este sexenio, se fueron como el dólar: ¡al alza!; demandas temáticas, que recogen en campaña, los candidatos.

No es ninguna sorpresa, que se conozcan cifras rojas del órgano responsable de las estadísticas en la República, cuando informa que, virtualmente, casi toda la población mexicana, repudia y está ¡hasta la madre!, de corrupción que prevalece en los niveles de gobierno, a los que acuden de manera obligada o rutinaria, para gestionar trámites para el hogar, empresa o el pequeño y mediano negocio; además de vivir entre inseguridad.

Mientras candidatos a gobernador, alcaldes, diputados locales o “constituyentes”, las demandas que más reciben de parte de ciudadanos, electores y simpatizantes de su partido político, es combate a la delincuencia organizada y la corrupción, el Inegi, antier, revela que la corrupción para gestión de trámites, aumentó de 24 mil 724 casos, por cada 100 mil habitantes -¡un tercio!,  de ese porcentaje de población-, en el 2013; a 30 mil 97, el año pasado; más de un cuarto de mexicanos que encuestaron, reportan corrupción, cuando acuden a oficinas de gobierno.

Y lo que más lacera el sentido común del mexicano: la tierra del grupo Atlacomulco, la entidad que los encumbró, el Estado de México, es la que más registra corrupción.

Las cifras rojas del Inegi, en plena campaña electoral en 12 estados, en BC y la capital del país, debió, debe, poner a pensar políticas públicas para combatir los flagelos de inseguridad, delincuencia y corrupción, a la clase política de todas las fuerzas políticas, que ocupan algún cargo de elección popular y los que aspiran a sucederlos.

Datos duros que para el ciudadano, el elector, el empresario, deben poner a razonar y reflexionar para quién es su voto, cuando salgan a las urnas el próximo domingo 5 de junio; deberán pensar y repensar para quién será el sufragio que crucen y depositen, porque de esa manera, premiarán o castigarán a sus gobernantes y representantes populares por lo que gestionan, promueven y ejercen como políticas públicas, para combatir o no combatir aquellos flagelos.

Llama la atención que a mitad del tramo sexenal, inseguridad, delincuencia, corrupción, desempleo, pobreza y mal desempeño del gobierno, sean los factores que más ocupan y preocupan al ciudadano, en un sexenio que se marca por reformas estructurales, las cuales, ¡nada más! no permean como esperaban los hombres del Presidente.

No sabemos si reportes que dio a conocer el Inegi, es fuego amigo o con toda intención, se dieron a conocer a 11 días del proceso electoral de este año, para sensibilizar a funcionarios y electores, el papel que les corresponde, y no se equivoquen a la hora de ejercer las políticas públicas o cuando depositan el sufragio, toda vez que delincuencia organizada y corrupción, son flagelos que presentan gobiernos de cualquier partido.

Más que señalar a algún actor político que desempeña un cargo de elección popular o un partido; más que culpar al adversario de siempre, los números rojos que reporta el Inegi, deberán ser un motivo para que gobernantes y ciudadanos, reflexionen el papel que les corresponde en una sociedad ¡harta! de ilícitos que reporta el Instituto.

Por lo pronto, ¡nadie!, presuma que donde gobierna, “bajó” el índice de actos delictivos, porque cifras que reportó el Inegi, lo desmienten, ¿verdad, Miguel Ángel Mancera?

COMPARMEX, ADELANTÓ CAMPAÑA CONTRA LA CORRUPCIÓN; EXIGE APROBAR LEYES.

El órgano cúpula de los empresarios en México, la Confederación Patronal de la República Mexicana, se adelantó a criticar la corrupción que permea en el sector público, cuando su dirigente Gustavo de Hoyos Walther, anunció la “Declaración Tijuana”, con lo cual, esperan combatir esa calamidad que, el presidente Enrique Peña Nieto, ya delineó que no nada más se presenta en la administración pública.

La postura que en ese tema mantiene el dirigente de Coparmex, es suficiente, para que los hombres del gobierno, no minimicen sus mensajes, ni mucho menos, para que lo ignoren, en el entendido de que no pasa nada, mientras su jefe, el Presidente de la República, no de el manotazo para terminar con focos de corrupción en casos que la opinión pública señala, los cuales, primero, se dieron a conocer en el extranjero.

La iniciativa privada en este país, no sólo protesta por actos ilícitos a los que obligan realizar, cuando acuden a instancias públicas, a gestionar trámites administrativos para que las empresas funcionen y continúen en la generación de empleos y lo que ello significa, ¡no!, también protestan por la reforma fiscal que lesiona productividad de las empresas, sobre todo, en las fronteras, con la homologación del IVA a 16%.

Desde su llegada a la Coparmex, en diciembre pasado -en un evento en BC-, el hombre que representa a lo más selecto de la iniciativa privada mexicana, cuestiona que el Congreso, tarde en aprobar leyes reglamentarias para combate a la corrupción, “un mal endémico del país que, de acuerdo con estimaciones del Foro Económico Mundial, representa un costo de casi el 2% del Producto Interno Bruto Nacional”, dijo.

-“Confiamos en que esta sea la prioridad en la Agenda Legislativa en el próximo periodo ordinario de sesiones, porque la corrupción, no es exclusiva de México, pero sí, lo es la impunidad”, afirmó el 16 de aquel mes del 2015, un día después que se clausuró el primer periodo de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Empero, el presidente del organismo privado, tendría que esperar casi hasta la mitad del primer semestre de este año, para que su demanda de que legisladores aprueben leyes anticorrupción, se realice, con el periodo extraordinario que tendrán en semana inglesa nuestros representantes populares, del 13 al 17 del mes siguiente.

Entre los hombres de la iniciativa privada, critican que, mientras otras naciones de América Latina enjuician casos de corrupción de sus gobernantes, México, tarda en aprobar leyes contra ese flagelo. Por lo pronto, los empresarios organizados alistan el Primer Foro Empresarial Iberoamericano Anticorrupción -en la ciudad de México-, dos meses después que el Congreso, apruebe leyes reglamentarias en la materia. ¡Vaya!

EN EL CHACALEO.

Como diputado federal, no lo planteó; ni como senador, ni como presidente del PRD; quizá fue para no provocar al jefe de gobierno en turno, o para no propiciar reacciones adversas a su tribu, “Los Chuchos”, pero hoy, como aspirante a diputado “constituyente”, Jesús Ortega Martínez, propone un Ombusdman Fiscal para la capital del país y critica: no funciona la Auditoría Superior de la Federación, ni la secretaría de la Función Pública porque el órgano auditor, “no tiene ni fuerza ni facultades ni dientes legales para estar fiscalizando permanentemente el ejercicio de los recursos fiscales, de los recursos públicos por el gobierno federal, estatal y municipal. ¿Cuántos funcionarios hay en la cárcel por actos de corrupción?: ¡ninguno! ¿Cuántos funcionarios están en la cárcel porque la ASF detectó que malversaron fondos?: ¡ninguno!, cuestiona y responde Ortega, al respecto… (www.loos3poderes.com)… (juanlopez23@hotmail.com)…