Una semana antes del inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura, el partido con mayoría relativa en el Poder Legislativo, el PRI, alista discutir y aprobar iniciativas pendientes que no aprobaron por falta de consenso en diciembre pasado; sobre salen, las que en materia de justicia y seguridad, presentó el presidente Enrique Peña Nieto, que se conocen como el “decálogo peñista”.

Prioridad en las bancadas que coordinan Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón, son las propuestas que recibió el Congreso del Ejecutivo Federal, consecuencia del caso Ayotzinapa, que tiene amplia repercusión en el país y en el extranjero. La agenda de trabajo que impulsarán en los 89 días -últimos de sesiones ordinarias de la Legislatura-, pondera el político sonorense, serán concordantes con las circunstancias de un año de gran complejidad internacional y con la ruta de las transformaciones que ha emprendido la administración federal.

-“Se agilizará la aprobación de los dictámenes pendientes y se concretarán las reformas que se desprenden de la propuesta por un México en paz, con justicia y desarrollo que presentó el Ejecutivo Federal en noviembre pasado y que actualmente se procesan en ambas Cámaras del Congreso”, ofrece el diputado sonorense.

En ese objetivo, pondera el priísta, privilegiarán el ejercicio del diálogo y la concertación con las demás fuerzas políticas “que nos ha permitido aprobar reformas históricas en una Cámara plural y en pleno ejercicio de la democracia parlamentaria”.

Como adelantó este espacio, los diputados del PRI tendrán su reunión plenaria el jueves y viernes de esta semana -en las instalaciones de San Lázaro-, en la que esperan tener reunión de trabajo con la dirigencia partidista; con el secretario del Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong y con el titular de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso y la visita del Jefe de La Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño.

Otro tema que impulsará la bancada en San Lázaro: transparencia, rendición de cuentas y combate de la corrupción; reformas para fortalecer la disciplina financiera de estados y municipios y desindexación del salario mínimo como paso necesario para fortalecer este ingreso y medidas que promuevan el desarrollo sustentable.

Dentro del ámbito de justicia y seguridad, el ex gobernador de Sonora resalta creación del mando único policial en los estados y el reforzamiento de las facultades del Senado para prevenir infiltración de la delincuencia organizada en los ayuntamientos del país, lo mismo que adecuación de las competencias para la persecución de los delitos del fuero federal y del fuero común, conforme a las prioridades operativas que se establezcan.

Beltrones ratifica compromiso de construir un sólido sistema nacional de contrapesos institucionales y un esquema de vigilancia y denuncia ciudadanas, eficaz para prevenir y castigar corrupción, independiente del gobierno. En igual sentido, posiciona su homólogo del Senado, Emilio Gamboa, la agenda que impulsarán a partir del próximo domingo, cuando se instala el último periodo ordinario de sesiones de la LXII Legislatura.

Gamboa deja en claro que en tres meses de sesiones, abordarán la ruta a seguir para aprobar las iniciativas del Presidente, en materia de seguridad y acceso a la justicia, que deben ser procesadas con la agilidad que las circunstancias actuales lo ameritan; informa que en la plenaria de la bancada, recibirán visita del canciller mexicano, del titular de la PGR, del consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, además del secretario de Hacienda, Gobernación y de Aurelio Nuño.

MADERO EXIGE AL GOBIERNO NO PROTEGER ENRIQUECIMIENTO DE DUARTE JAQUEZ.

72 horas después que en el salón de plenos de la Comisión Permanente del Senado de la República, -donde se analizaron las iniciativas peñistas en materia de seguridad y justicia- el senador del PAN, Javier Corral Jurado y el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, se confrontaron por acusaciones mutuas de corrupción y narcotráfico, Gustavo Madero, envía señal de que el legislador, no está solo en ese enfrentamiento.

En posicionamiento dominical, el CEN informa que acompañará la denuncia que presentó en la PGR -el año pasado-, el activista Jaime García Chávez –que respaldó el senador Corral- contra Duarte, por presunto enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.

-“Exigimos al gobierno que de seguimiento a la denuncia para que no quede impune ilícito alguno por parte de ningún funcionario público, así sea gobernador de un estado”, expresa la dirigencia que preside Gustavo Madero, quien exige esclarecer presunto desvío de recursos públicos que realizó Duarte -en 3 años como gobernador-, por ¡83 mil! mdp, de fondos estatales que se depositaron en la Unión de Crédito Progreso, que después se fusionó para tramitar la conformación del Banco Progreso de Chihuahua, entre cuyos socios figuran el mismo Duarte; el secretario de Finanzas local, Jaime Herrera y Carlos Hermosillo, presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento.

Duarte, resalta el PAN, se hizo socio del Banco Progreso, a través de un Fideicomiso de Inversión, que creó con su esposa en Banorte, el cual se integró con una aportación de 65 mdp, cantidad que no puede justificar el gobernador, con sueldo mensual de 120 mil 245 pesos -desde el 2010-, de acuerdo al portal de transparencia estatal.

Como Ejecutivo de Chihuahua, Duarte se encargó de tramitar, gestionar y promover que esta unión de crédito se convirtiera en el Banco Progreso, como se documentó en la denuncia y en diversos medios nacionales. De manera injustificable, su gobierno depositaba permanentemente fondos públicos en la Unión de Crédito que habría de convertirse en el Banco del cual el propio César Duarte es accionista, con lo cual genera evidente conflicto de interés.

En alusión a recordatorios que hizo Duarte Jáquez al senador Corral el pasado jueves, -del pasado delincuencial de sus hermanos-, Gustavo Madero censura: “fue pueril la actitud del mandatario estatal. Lo que se debatía eran asuntos de impartición de justicia y no cuestiones personales o familiares”. Como se advierte, el caso apenas inicia, al menos para el legislador Corral, quien no deja un asunto sin terminarlo. Y el que por el cual acusa al gobernador de Chihuahua, no es la excepción.

EN EL CHACALEO.

El PRD y la senadora Layda Sansores, alistan acusaciones contra el candidato del PRI al gobierno del Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, para que explique a los ciudadanos del estado, presuntos vínculos con la empresa “Oceanografía” y su dueño, Amado Yáñez Osuna. El caso, se espera lo lleve la oposición a la tribuna del Congreso de la Unión, si es que no salen a relucir otros “guardaditos” que adversarios del tricolor tienen para el suspirante a gobernar esa entidad… Hoy, más que nunca, cobra vigencia la respuesta de Manuel Camacho Solís, cuando lo cuestionaron si aspiraba a ser sucesor de Carlos Salinas de Gortari: “sí, quiero ser Presidente, pero no a cualquier costo”. La historia le dio la razón. Y la historia, nada más no la aprenden los actores políticos del país, quienes a cualquier costo, ambicionan, avarician y codician, un cargo de elección popular, como lo es una gubernatura: la de Campeche… Urge legislar en materia de conflicto de interés y de evolución patrimonial, pondera la senadora del PAN, Laura Angélica Rojas Hernández, a fin de evitar casos como las propiedades inmobiliarias del Ejecutivo Federal y colaboradores… No organizar elecciones en zonas de conflicto, sería una claudicación del Estado, advierte el coordinador parlamentario del PRD en San Lázaro, Miguel Alonso Raya; demanda hacer “esfuerzo institucional” en Tamaulipas, y el triángulo de la tierra caliente en las entidades de Guerrero, Michoacán y Estado de México, para organizar el proceso electoral, a pesar de amenazas de la delincuencia organizada… (www.los3poderes.com)… (juanlopez23@hotmail.com)…