Si en Baja California el gobernador Francisco Vega –PAN-, hace caso omiso a demandas que plantean miles de jornaleros en las regiones agrícolas de todo el Valle de San Quintín, representantes de estos, lograron que la oposición en el Congreso de la Unión, los escuche, además del compromiso para una mesa de diálogo y negociación entre patrones, trabajadores, gobierno federal y local, que busca mejora salarial para ellos y de esa manera, terminar con el paro laboral que iniciaron el 17 de marzo pasado.
PRI-PAN-PRD en el Poder Legislativo, escucharon atentos a los representantes de trabajadores del campo que desde el miércoles, recorren pasillos de la Cámara de los Diputados y del Senado de la República, para entrevistarse con los coordinadores parlamentarios, y solicitarles su valiosa intervención, para responder sus peticiones y exigencias que plantean, y se les otorguen mejores garantías para el desempeño de su trabajo, como son: mejores servicios sanitarios, seguro social y prestaciones de ley, que en el estado donde gobierna el PAN, nada más ni los ven ni los oyen en sus necesidades.
De esa manera, con el impulso del coordinador del grupo mayor en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones –presidente de la Junta de Coordinación Política-, miembros de la bancada en la comisión de Asuntos Indígenas y una comisión plural de legisladores, se trasladaron a la entidad, para constatar el atraso en el que ejercen su trabajo los mexicanos de otros estados del país, que en el Valle de San Quintín, cosechan hortalizas y otros productos que, incluso, se exportan a Estados Unidos.
Reflejo de la situación en que dueños de ranchos tienen a sus trabajadores, es la acusación de la diputada María del Carmen López Segura, quien confirmó lo que en este espacio ya anotamos: que los tienen en condiciones casi de esclavitud, como en la época del México Bárbaro o de la Casta Divina, en Yucatán, a principios del siglo pasado:
-“Hemos estado atentos al problema de los jornaleros agrícolas que tienen condiciones casi de esclavitud. No es posible que la secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno del estado, asegure que el problema está resuelto, siendo que de los más de 60 mil jornaleros, únicamente 19 tienen servicios de Seguro Social, de seguridad social; no es posible que nieguen que hay acoso sexual para las mujeres jornaleras y que no existe el trabajo infantil, si es un secreto a voces”.
En conferencia de prensa que ofrecieron diputados del PRI, la legisladora por BC exigió a la administración de Francisco “Kiko” de la Vega, “se aplique” con la participación del gobierno federal y resuelva el problema de los jornaleros, quienes están en condiciones infrahumanas; no es posible, lamentó, que en pleno siglo XXI, exista esta opresión.
-“Pedimos también que no haya conflicto de intereses: que el gobierno del estado y sus funcionarios no sean también propietarios de los ranchos y por lo tanto, hay poca voluntad política para resolver este problema tan sentido”, acusó María del Carmen López, quien advierte que el caso, “puede ser caldo de cultivo para que en el resto del país, también donde existen jornaleros en sus mismas condiciones, haya un levantamiento social que no lo queremos”.
El 24 de este mes, se realizará la reunión entre patrones, jornaleros, autoridades estatales y el subsecretario de la Segob, Luis Miranda Nava, encuentro al que la diputada pide que los tres niveles de gobierno trabajen en forma coordinada y resuelvan el problema que lacera vida y derechos de los ciudadanos. “No debe haber mexicanos ni de primera, ni de segunda, ni de tercera. Todos tenemos derechos y debemos exigir que se cumplan”, declaró la priísta.
De no atender a tiempo el caso el gobernador del PAN o al menos que intervenga Gustavo Madero, la factura electoral para el partido, será lo que se cobren electores y ciudadanos, que ignoraban -como el resto del país-, las condiciones en que funcionarios-patrones del gobierno de BC, contratan y tienen a jornaleros. ¿Habrá qué esperar que el PRI-PRD suban a un spot el caso, para que reaccionen los abusivos panistas de BC?
Y QUE “EMPRESARIOS-FUNCIONARIOS-AGRICULTORES”, NO SEAN JUEZ Y PARTE.
La verdad, duele que a nuestros connacionales -principalmente mixtecos de Oaxaca y Guerrero-, los funcionarios del gobierno de Baja California -a la vez son dueños de extensos ranchos-, contraten de manera abusiva a otros mexicanos, en condiciones que creíamos, quedaron en el siglo pasado. Sólo supimos de esa atrocidad, hasta que los miles de jornaleros iniciaron paro laboral el mes pasado, para protestar contra salarios miserables y condiciones infrahumanas, en el que los tienen los potentados panistas.
Por ello, la diputada María Elia Cabañas Aparicio, no dudó en exigir al gobernador “Kiko” de la Vega, que sus funcionarios y parte de su equipo de trabajo (hoy son empresarios-patrones de los jornaleros), “saquen las manos; que no sean juez y parte y para que podamos tener justicia laboral para estos jornaleros y lo mínimo indispensable que marca nuestra Constitución Política de nuestro país: el derecho a la salud, derecho a la seguridad social, el derecho a un salario digno que les dé con qué sostener a su familia”.
La priísta de BC acusa que los empresarios-patrones-funcionarios del estado –del PAN-, exportan sus cosechas por lo cual, el rendimiento que tienen no es en pesos, sino en dólares, utilidades que no llegan a los trabajadores que contratan. Tajante, acusa que el responsable en el caso de los jornaleros de Baja California, “Es el Ejecutivo (local), el gobernador de Baja California, y mientras no saquen las manos esos funcionarios que son juez y parte, difícilmente vamos a tener verdades en las mesas de trabajo”.
¿Para eso quería la reforma laboral el PAN: para explotar a los jornaleros agrícolas? ¿Por qué guarda silencio en este indignante trato a paisanos, el senador Ernesto Ruffo? ¿Para el primer gobernador de oposición en el país, sólo importa que el gobierno de Enrique Peña Nieto derogue el IVA en las fronteras? ¿Por qué Ruffo Appel calla ante el conflicto de interés en el que incurren funcionarios en el estado que gobernó? ¡Caramba!
La excepción confirma la regla: su compañera de escaño, Mariana Gómez del Campo, repudia violación a los derechos humanos de los jornaleros en el Valle de San Quintín.
EN EL CHACALEO.
Como acordaron jefes de bancada en el Congreso de la Unión, durante las reuniones del martes 7 y lunes 13 de este mes –convocados por el diputado Manlio Fabio Beltrones-, la Cámara de Diputados aprobó decreto que expide Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales… El político sonorense, también confirma lo que anotamos en esta columna: “En la Ley de Aguas, no hay consenso como para poderla subir en este momento a discusión. Estoy seguro que habrá de esperar a que la próxima Legislatura haga los ajustes necesarios para alcanzar los acuerdos convenientes”… En el Senado de la República, esperan aprobar el próximo martes, minuta que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. En lo particular, el PRD se opone a que se mantenga el fuero para el Ejecutivo Federal… En comisiones unidas que respaldaron el dictamen en lo general, el senador Alejandro Encinas criticó lo que llamó “régimen de excepción” para el Ejecutivo Federal; un fuero, lamentó, que impide que el Presidente pueda ser objeto de sanción ante eventual comisión de algún delito o acto de corrupción, así como falta de obligatoriedad para hacer públicas declaraciones patrimoniales de servidores públicos y representantes populares… Su par, Armando Ríos Piter, expone que la revisión del fuero es demanda social, para que no se vea como privilegio de impunidad para la clase política. La corrupción en casos como Ayotzinapa, señaló, “empieza a ser sinónimos de matar gente, de ahí, la trascendencia de la revisión del fuero”… El panista Roberto Gil Zuarth, criticó que no se toma el elemento central de la impunidad, si frente a la acción de una autoridad, “estará el muro de la protección constitucional, del fuero de los servidores públicos”… (www.los3poderes.com)… (juanlopez23@hotmail.com)…