El principio zedillista, “normalidad democrática”, emerge en el candente y puyante asunto de revocación de mandato, del que, Instituto Nacional Electoral, es el negrito en el arroz, tras intensificarse “guerra sucia”, mediática, y “periodicazos”, contra el órgano autónomo, por aplazar, de modo temporal, en su agenda de actividades, el caso, por falta de recursos.
Bajo ese principio, clase política del país, se confronta por la consulta ciudadana en materia de revocación de mandato; unos a favor, otros, en contra, pero hay que decirlo, poder sexenal impone tesis de que el culpable de aplazar temporalmente ejercicio ciudadano, es el INE.
“Del Presidente para abajo”, minimizan, evaden y se coluden, para no hablar de legalidad en las firmas que presentan en la sede de Viaducto Tlalpan, número 100, las cuales, en el Instituto, alistan revisión exhaustiva, para despejar anomalías en ese requisito, por la cantidad de 2.7 millones, que exige artículo 35, fracción IX, de nuestra Ley de leyes.
Los actores políticos del partido oficial, incurren en omisión ante los mexicanos, al no ponderar ese requisito, cual si de verdad, firmas que presentan para realizar la consulta, fueran al cien por ciento, legítimas.
Critican, linchan y lapida, al órgano electoral, autónomo, pero nada dicen del nivel de legitimidad que tienen las firmas que presentan al INE, mucho menos, de los recursos que se requieren para organizar el ejercicio ciudadano, inédito en este país, cuyo costo estima INE, es por 3,830 mdp.
Tienen razón, jefe máximo de Morena y del Ejecutivo Federal y Claudia Sheinbaum Pardo, en que sueldazos de consejeros electorales, podrían servir de algo, para completar recursos que exige un ejercicio ciudadano, de calidad, si la Cámara de Diputados, no autorizó esos recursos al INE.
Pero los ciudadanos, que sí tienen sentido común, aunque algunos duden, también voltean a ver a Manuel Bartlett Díaz, cuya fortuna en mil mdp, de un tajo, ayudarían a la “vaquita”, para donarlos al INE y la consulta, se organice, “al modo” que desean los hombres del poder sexenal.
Si Jaime Bonilla Álvarez, como señalamos en este espacio y otros medios de comunicación, gastó más de 500 mdp en fallida reelección, el empresario, también puede aportar para la consulta.
O los más de 30 mil mdp que, dicen, dicen, ¡eh!, debe al erario público, por impuestos y otras evasiones fiscales, otro empresario, Ricardo Salinas Pliego, quien goza del privilegio de que los jueces de este país, resuelvan que no se indague más sobre sus ingresos en sociedades anónimas que forman parte de su emporio de negocios.
O de Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Zoé Robledo Aburto, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta; senador Ricardo Monreal Ávila, o el líder minero, Napoleón Gómez Urrutia; Mario Delgado Carrillo o su subordinado en bancada de los diputados, entre otros distinguidos militantes de Morena, que atesoran dinero y fortuna, porque cuando no ocupan un encargo en el Congreso, tienen otro en alguna dependencia o gobierno estatal.
O el haber por retiro que recibe la senadora Olga Sánchez Cordero, en el Poder Judicial, bien pueden coadyuvar a impulsar la consulta ciudadana.
Ellos, pueden integrar red de “amigos del presidente López Obrador”, para que la consulta ciudadana, tenga recursos y se organice, cual deseo presidencial: 10 de abril próximo.
Dinero, hay, de un frente partidista o de otro, pero lo que importa, es “guerra sucia”, mediática, contra el INE, en la estrategia para “debilitar”, al órgano electoral, rumbo a las elecciones del 2024; el propósito, “calentar” el escenario, para terminar con el órgano autónomo, y crear otro, “a modo”, del poder en turno.
Un día después que el MC en San Lázaro, acusó que el presidente de la mesa directiva, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, procede en modo unilateral, al amenazar de presentar recurso de controversia constitucional contra INE, por aplazar calendario de la consulta, el representante popular de Morena, firmó el documento, el cual, ayer, entregaron en la Corte, personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en Cámara de Diputados.
Después de “un detallado” análisis jurídico que realizó la mesa directiva, observaron diversas irregularidades constitucionales, que invaden ámbito de competencia de la Cámara, en ejercicio de sus facultades exclusivas en materia presupuestal y de sus facultades legislativas, en materia de revocación de mandato.
“Asimismo, se detectaron afectaciones a derechos fundamentales de carácter político de la ciudadanía, concretamente, al derecho a participar en procesos de revocación de mandato”, expresa directiva de los diputados.
Sergio Carlos Gutiérrez Luna sustenta el recurso que presentaron en la Corte, a lo que disponen artículos 23, numeral 1, inciso I), en Ley Orgánica del Congreso General, así como el 233, numeral 2, del Reglamento en Cámara de Diputados.
“Con el propósito de defender los intereses de la Cámara de Diputados, y en atención a que esta se encuentra en periodo de receso”, se presentó controversia constitucional contra INE, en SCJN.
Consideran que el objetivo es impugnar acuerdo que aprobó viernes pasado, Consejo General del INE, de posponer temporalmente, varias fases del proceso de revocación de mandato, de sus efectos y consecuencias.
Cámara de Diputados, solicita suspensión de ese acuerdo, para el efecto que el Instituto, se abstenga de posponer de forma temporal, cualquiera de las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato del Presidente de la República “y continúe con la organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades de este ejercicio de democracia participativa hasta su conclusión”.
En ese contexto, el organismo público, autónomo -resalta mesa directiva de los diputados-, debe respetar en sus términos, mandato en el artículo IV Transitorio en Ley Federal de Revocación de Mandato, que precisa: “el Instituto, deberá de garantizar la realización de este ejercicio de revocación de mandato, por lo que hará los ajustes presupuestales que fueran necesarios”.
En sede panista, coordinador nacional de Diputadas y Diputados del partido, Enrique Vargas del Villar, reiteró que los consejeros del INE, tienen respaldo de Acción Nacional “y no permitirán que, por intereses de actores políticos, se pretenda presionar al máximo órgano electoral en el país”.
“Las diputadas y diputados del PAN, en los 32 Congresos en el país, dan su total respaldo a la decisión que tomó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para suspender la consulta de revocación de mandato del Presidente de la República, ante la falta de recursos, derivado de un recorte presupuestal para el 2022”.
Normalidad democrática, sin comillas, hay que resaltar, es lo que prevalece en el candente y puyante asunto.
Lucha de los contrarios, en el afán de exigir legalidad o cumplir caprichos ¡del Presidente!, para medir “popularidad” en una consulta ciudadana, y calar potencial fuerza electoral que, él y Morena, tendrían en el proceso electoral federal del 2024, en la contienda por el Poder Ejecutivo y mayoría en el Congreso de la Unión.
Lo que importa es linchar al INE, pero incurren en omisión y colusión, porque minimizan nivel de legitimidad en las firmas que presentan al órgano electoral, para solicitar, cual mandata artículo 35 de nuestra Ley de leyes, fracción IX, consulta ciudadana en materia de revocación.
El costo es de 3, 830 mdp.
¿Cuál austeridad? ¿Eh?
Si en verdad quieren hacer consultas ciudadanas en materia de revocación, que hagan otra para que los capitalinos, decidan si Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Luis Ebrard Casuabón y Mario Delgado Carrillo, deben continuar o permanecer en el encargo que tienen, por la tragedia en Línea 12 del Metro, con saldo de 26 víctimas y centenar de heridos.
EN EL CHACALEO
Diputada federal del PRI, Norma Angélica Aceves, presentó reforma al artículo 35 en Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a efecto de que la secretaría de bienestar, coordine el Sistema Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, que en la actualidad, encabeza la secretaria de Salud… Otro diputado, del PAN, Jorge Triana Tena, presentó reformas a leyes generales de Salud y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y del Código Civil Federal, para regular legislación en materia de gestación por sustitución de reproducción humana asistida y se debe entender como un componente del derecho a la libre reproducción… ¡Ojalá!, y el Procurador “fifí”, el del Consumidor, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, ponga en orden, a las empresas de transporte de pasajeros que se conocen como “Didi” o “Uber” que, además de quitar fuentes de empleos a choferes de taxis en este país, abusan y cobran lo que su regalada gana les da, a cualquier hora del día o noche… Empresas abusivas que, aún se dan el lujo de cobrar por cancelar el viaje o por no avisar a tiempo que se cancela… Brutal inflación, lacera los bolsillos de los mexicanos, en temporada navideña y de fin de año: tortillas, entre 17 y 20 pesos kilo; aceite comestible, 35 y 40 pesos litro; leche, 23 pesos litro; manzanas, 40 y 45 pesos kilo; ¡nopales!, 6 por 10 pesos, cuando antes eran 10 por 10 pesos; no se diga el pollo, carne, frijol, azúcar… ¡Ah! y las gasolinas, entre 21 y más de 24 pesos el litro, Magna y Premium, respectivamente, al igual que el diesel, 22 y 23 pesos litro… El pasaje en la combi o micro, subió de 12 pesos a 15; el garrafón de agua subió un peso ó dos pesos, según marca, como la “E Pura”, de 45 a 46 pesos. ¡Vamos, pues!, La caguama, subió dos pesos, de 35 a 37… Brutal inflación que encaran los mexicanos, entre violencia, desempleo, crisis económica, pandemia, inseguridad, delincuencia… ¿Y todavía se atreven a pedir consulta ciudadana?… Cuánta contradicción en este país, ¿verdad?… juanlopez23@hotmail.com… www.los3poderes.com… Twitter: @JuanLopezMiguel…