72 horas después del decreto “golpista” contra nuestra Ley de leyes, de parte del grupo mayor en Cámara de Diputados, al aprobar iniciativa leguleya con la cual, “del Presidente para abajo”, podrán promocionar consulta ciudadana en materia de revocación de mandato, entre el bloque opositor, no hay aún señales claras para presentar recurso de acción de inconstitucionalidad, ante Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Conforme se acerca próximo 10 de abril, día en que se lleva a cabo costosa, caprichosa consulta ciudadana que impulsó el jefe máximo de Morena y del Ejecutivo Federal, controversial “decretazo”, se retarda para entrar en vigor, pues falta que mañana, en sesión del pleno de Cámara de Senadores, con dispensa de trámites, se considere de urgente y obvia resolución, se aprueba con votos del grupo mayor-“carnales”.

 Y se turna al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales, es decir, se publica en el Diario Oficial de la Federación, promulgación con la que entra en vigor el decreto “golpista”.

De esa manera, Morena y clase política en el poder, “del Presidente para abajo”, podrán promocionar 24 horas del día, por todos los medios que disponen, espectaculares, televisión, radio y redes sociales, el ejercicio ciudadano que a toda costa y costo, impuso el presidente Andrés Manuel López Obrador al Instituto Nacional Electoral.

Tentativamente, miércoles, publicaría “decretazo” en Diario Oficial de la Federación, si no es que mañana mismo, edición vespertina, recién apruebe el Senado, iniciativa “golpista”, para que la clase política de Morena, y “carnales”, publiciten a conveniencia, interés personal y de partido.

Inútil esfuerzo, por dos motivos: el mismo promovente y beneficiario de los resultados de la consulta, adelantó, semana antepasada, resultado, al considerar que se quedará hasta fin del sexenio, con lo que el político de Tabasco, “mató” la consulta, es decir, prácticamente envió señal de que los electores, ciudadanos, no vayan a votar por el sí se quede; o el no, que se vaya, porque de todos modos, él, ya decidió quedarse en el encargo.

Desde la noche del jueves pasado, profesionales de leyes constitucionales, asesores técnicos de bancadas de oposición en Cámara de Diputados, analizaban recurso que presentarán ante la Corte, contra decreto “golpista”, con el que la clase política oficial, “del Presidente para abajo”, “brincan”, acuerdo que emitió INE -18 de febrero pasado-, relativo a medidas cautelares que prohíben promocionar o hacer propaganda a la consulta ciudadana del siguiente 10 de abril.

Hasta hoy, para el presidente consejero del máximo órgano electoral de la nación, Lorenzo Córdova Vianello, ese acuerdo está vigente, es decir, latente, prohibición para todos los actores políticos, de hacer propaganda o promocionar consulta ciudadana en materia de revocación de mandato.

Empero, es difícil pronosticar qué sucederá a partir de mañana por la tarde –si es que publican el decreto “golpista”, en edición vespertina del Diario Oficial de la Federación-, o promulgan hasta pasado mañana; en el intermedio, estaría recurso de acción inconstitucional que presente bloque opositor en la Corte.

Si lo van a presentar, la verdad, se tardaron, porque los ministros, tendrán que resolver, reiteramos, ipso facto, cual controversial asunto, exige.

Mientras, responsable del órgano electoral, au-tó-no-mo, y un miembro del Consejo General del INE, el consejero Ciro Murayama Rendón, son blanco de “guerra sucia”, que les propinan actores políticos del partido oficial, dentro y fuera del Congreso de la Unión.

Ayer, el presidente de mesa directiva en Cámara de los Diputados -diría Javier Corral Jurado-, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, sin mencionar por su nombre al INE, posiciona:

“Libertad de expresión y derecho a la información, son preceptos consagrados en nuestra Constitución Política, por lo que deben ser respetados por todos, incluidas las autoridades del ámbito electoral”.

El grado de avance en los ejercicios de participación democrática que alcanzó el país, añade, “no admite distorsiones por parte de actores que pretenden restringir la libre manifestación de las ideas expresadas a través de medios tradicionales, redes sociales o espacios públicos”. Resalta:

“Nuestra democracia, se verá cada vez más fortalecida si se permite a la ciudadanía discernir y formar sus opiniones y criterio con base en lo que observa y escucha en el ambiente público”.

“Se trata de garantizar un derecho fundamental que no puede ser restringido”, puntualiza.

Sin hacer alusión al acuerdo del INE, pasado 18 de febrero, cuando comisión de Quejas y Denuncias -a cargo de la consejera, Adriana M. Favela Herrera-, aprobó medidas cautelares para que la clase política oficial se abstenga de promocionar consulta ciudadana en materia de revocación, el presidente de los diputados federales, expone:

“Resoluciones y acuerdos que, recientemente han emitido autoridades administrativas electorales violentan el artículo 29 constitucional, porque limitan garantías fundamentales de las y los ciudadanos”.

Justifica:

En días pasados, Cámara de Diputados, aprobó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se interpreta el Alcance del Concepto de Propaganda Gubernamental, contenido en Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y Ley Federal de Revocación de Mandato.

“Se determinó que la propaganda gubernamental debe entenderse como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y/o proyecciones difundidas con cargo al erario público”.

“Por tanto, la restricción es para no abusar de los recursos del pueblo, más no para coartar la libertad de expresión de las personas, el derecho a manifestar ideas o limitar el acceso a la información”, agrega.

“Estamos a favor de la libre expresión, el diálogo y la democracia, no de las censuras previas y distorsiones a nuestro marco legal que ¡por supuesto!, vela por los derechos de las y los mexicanos”, finaliza posicionamiento dominical del legislador veracruzano.

Un profesional de las leyes en este país, institucional, honesto y leal defensor de nuestra Constitución, explica a este espacio que el decreto “golpista”, es inválido, porque está dentro del plazo que prohíbe el artículo 105, para hacer reformas en materia electoral.

Contexto en el que los miembros del bloque opositor, que subieron a la tribuna popular de San Lázaro, jueves pasado, acusaron: el “decretazo”, viola artículo 105 de nuestra Ley de leyes.

Es cuestión de esperar recurso de acción de inconstitucionalidad que presenten PAN-PRI-PRD-MC, en Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Que el máximo Tribunal de Justicia en la República, defina si fue legal o no, decreto “golpista” que aprobaron diputados de Morena y “carnales”, jueves pasado en el contexto de caprichosa y costosa consulta ciudadana que impuso al INE, el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Si bloque opositor decide este lunes, presentar recurso inconstitucional, que en la sede de la casa de justicia con sentido social, resuelvan por el bien de nuestra democracia.

¡Que así sea!

EN EL CHACALEO

Dante Delgado Rannauro, es el senador que desde un principio, rechazó celebrar esa consulta ciudadana en materia de revocación de mandato, en memorable discurso en el que exhortó al presidente López Obrador, se ponga a trabajar y no pierda tiempo en consultas. Hoy, con mayor razón, tras el “decretazo”, impulsará acción de inconstitucionalidad en el bloque opositor, para presentar en la Corte… En las discusiones que hubo jueves pasado en el recinto de San Lázaro, cuando Morena y “satélites”, aprobaron decreto “golpista”, su correligionaria, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, fue primera en definir que el “decretazo”, viola artículo 105 de nuestro Código Supremo… Diputado del PT, Jesús Fernando García Hernández, presentó reformas a ley en la materia, con el objetivo de facultar a Comisión Nacional para Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, garantice puntual seguimiento a denuncias que presentan ante el Ministerio Público, por aquellos actos contra el patrimonio de clientes y usuarios de esos servicios… 21 alcaldes pluripartidistas, integraron Asociación de Ciudades Capitales de México; consideran trabajar en políticas y estrategias de seguridad pública, principalmente; reformar prevención del delito y cuidado de la integridad y patrimonio de los habitantes, además de asignar más recursos públicos a ese rubro, el que más exigen ciudadanos en alcaldías… El presidente de ACCM, Renán Barrera Concha, alcalde de Mérida, Yucatán, ponderó su creación, para organizar gobernabilidad y conjuntar esfuerzos sin ideología partidista, ni tendencias externas… PAN, 113 diputados federales y PRI, 71, juntan 184 representantes populares; presentar recurso de acción inconstitucional, requieren 165. Necesariamente, esas bancadas, tiene voto de calidad, para presentar el documento en SCJN… ¡Claro!, si finalmente deciden presentar el recurso, y lo firman MC-PRD, el total serían 223, legisladores, con lo cual, mandarían mensaje y señal, ¡fuerte!, a promoventes del decreto “golpista”, los diputados, Mario Rafael Llergo y Moisés Ignacio Mier Velazco, del grupo mayor… ¡Ojalá!, no se atraviesen pendientes en la Cuenta Pública, elección de Hidalgo u otros “guardaditos” que el régimen en turno, tiene en estos casos, amedrentar y “doblar” al adversario, si no van con “línea” del Tlatoani… ¿O es que saben algo al diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez? ¿Al tal “amlito”? ¿Eh? ¿Por qué tanta dilación en presentar acción inconstitucional contra el “decretazo”, en la Corte?, si desde viernes pasado, la habrían presentado. Menos de un mes falta, para el costoso y caprichoso ensayo electoral, con vistas al 2024… ¡Cuidado!, los mexicanos que sí tienen sentido común, están a la expectativa, ¡eh!… juanlopez23@hotmail.com… www.los3poderes.com… Twitter: @JuanLopezMiguel…