Este año, más que en otros, el proceso electoral que alistan en 12 estados del país para renovar gubernatura, Congreso local y alcaldías y en Baja California -donde renovarán sólo presidentes municipales y diputados locales-, se incrementan acusaciones entre los principales adversarios en el proceso electoral, en las que unos acusan a otros, de que los financia el narcotráfico; o que otros, señalan al rival, de recibir el mismo apoyo.
No obstante que los candidatos a gobernador, a ocupar una curul local o un lugar en la silla municipal, todavía no arrancan su campaña política –a algunos, los partidos, apenas los postulan, pero falta que los legalicen sus órganos internos-, ya son objetivo de la guerra sucia que, generalmente, emerge en época de elecciones, lo cual, no extraña.
Hoy, el común denominador en las acusaciones que se hacen unos contra otros, se circunscribe a un solo flagelo: el narcotráfico, el cual, tal parece que encontró amplia recepción entre la clase política del PRI-PAN-PRD, cuyos representantes, ocupan espacios en los medios, por señalamientos de que su carrera política, la paga el narco.
La diputada por el XVI distrito electoral local de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, candidata externa del PAN, en la época de Gustavo Madero –éste, ayer, en San Lázaro, se deslindó de responsabilidad alguna en su postulación, al referir que órganos internos del partido, la avalaron-, a quienes priístas la acusan de tener nexos con el hombre leyenda del narcotráfico en el país, el señor Joaquín Guzmán Loera.
Y el diputado federal del PRI, por el estado de Veracruz, Antonio Tarek Abdalá Saad, de quien filtraron una fotografía, con un capo, del Cártel de Jalisco, Nueva Generación, de nombre Francisco Navarrete, son los casos más recientes de guerra sucia entre PRI-PAN, apenas inició este año, donde el PAN-PRD, buscan desplazar al PRI donde este es gobierno; o el Revolucionario Institucional, que también pretende ganar al PAN-PRD.
Con esos antecedentes, la amiga de “El Chapo” y el ex tesorero de Javier Duarte –ocupó la dirección de Finanzas y Administración del DIF estatal-, el narcotráfico se ve y se siente en el umbral del proceso electoral 2016, y distrae del quehacer partidista y preparativos de campaña, a los tres principales partidos políticos en México.
Para encarar ese flagelo e impedir que penetre más entre su clase política y candidatos que postularán a cargos por elegir en este año, las dirigencias del PAN-PRD, piden gestoría de sus coordinadores en el Congreso, y soliciten a los presidentes Poder Legislativo, que en la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, expidan protocolo, para detectar infiltración del crimen organizado, en aspirantes a un cargo electivo.
Lo cual, mereció inmediata réplica del diputado federal del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, en el sentido de que esa instancia, no es el conducto para ese motivo, porque “es como ir a una tlapalería a comprar leche”, además de ser una postura mediática.
SI la detección del crimen organizado en candidaturas es competencia o no de la Bicamaral de Seguridad Nacional; si la diputada local en Sinaloa, es amiga del señor Guzmán Loera; o si el diputado federal del PRI por Veracruz, también es amigo de un capo, eso corresponde a la autoridad, deslindar su responsabilidad.
Una cosa es cierta: que los partidos, pongan severos filtros a la hora de postular a un gobernador, alcalde o diputado local, antes que la guerra sucia entre ellos, los pongan en el balcón de tener nexos con la delincuencia organizada. ¿O no?
Por lo pronto, el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, declara que la solicitud de los presidentes del PAN-PRD, apenas la formalicen ante la mesa directiva sus respectivos coordinadores, se turna a la comisión Bicameral de Seguridad Nacional. En virtual respuesta al diputado Ramírez Marín, expuso que este órgano del Congreso, tiene “tres resortes legales”, que sirven para hacer “una instancia que nos permita evitar la penetración del crimen organizado en los procesos políticos y específicamente en las instituciones representativas de nuestro país”. ¡Y puede emitir recomendación! ¡Vaya!
EL PAN, CON EL CANDIDATO, FRANCISCO GARCIA; ACUSAN A YARRINGTON Y EUGENIO.
El mismo estilo con el que se publicó cercanía del diputado del PRI por Veracruz, Tarek Abadalá, con un capo, ayer, se repitió con el virtual candidato del PAN al gobierno de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien un miembro del Cártel del Golfo, Héctor Crescencio de León Fonseca, acusa que le entregan recursos ilícitos.
Si en el caso del representante popular de Veracruz, lo financió en su carrera política un delincuente ¡a quien el gobernador de su estado lo acusa de hechos delictivos!, en el del senador panista, el asunto es de risa y carcajadas: a su presunto acusador, lo detuvo la Policía Federal ¡y lo dejan libre!
Empero, panistas no aceptan señalamientos incómodos, y de inmediato, el mismo día que la información mediática se publicó, ofrecieron conferencia de prensa en el Senado, el coordinador, Fernando Herrera Avila y el aspirante al gobierno de Tamaulipas.
En esa ofensiva política, el legislador por Aguascalientes, acusó que el PRI-gobierno, utiliza las instituciones del Estado, para buscar robar las elecciones, no conforme con uso de programas sociales, recursos públicos, padrones de beneficiarios; abusan -expuso Herrera-, “de las instituciones de seguridad y de procuración de justicia para crear falsas percepciones sobre un partido que les compite fuerte y que les va a ganar a la buena”.
En ese contexto, el jefe de bancada exigió destitución inmediata del Comisionado Nacional de Seguridad Pública. Tajante, sin ambages, acusó a Renato Sales:
-“Él, es responsable, por acción u omisión, de la fabricación de falsos testimonios para beneficiar a las campañas del PRI. Él, es el principal responsable de que esta información se filtre, como un dato oficial; una historia absurda e inverosímil. No merece estar al frente de la institución que debe cuidarnos a todos”; adelantó que presentarán denuncia contra Renato Sales, en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, por peculado, “por utilizar la institución de la Policía Federal, para alterar las condiciones de competencia político-electoral en Tamaulipas. ¡Vamos a exigir que las autoridades lo llamen a cuentas, por ponerse al servicio del PRI!
Asimismo, desde la Bicamaral de Seguridad Nacional, exigirán explicación del curso de las denuncias que hicieron contra ex gobernadores de Tamaulipas y otros estados.
-“Vamos a demandar que se nos explique qué han hecho para que Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, hoy, prófugos de la justicia por delincuencia organizada y lavado de dinero, por Estados Unidos, se enfrenten a la justicia”, advierte el senador Herrera.
Al fustigar al gobierno federal por decir que “ha capturado a los principales objetivos de criminales en el estado de Tamaulipas”, el virtual candidato del PAN al gobierno local, puntualiza: quienes deben estar en el penal, son esos dos ex gobernadores, “ambos, prófugos de la justicia, por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero”.
Además, denuncia que Tomás Yarrington, se pretende reelegir como gobernador, en la persona del candidato del PRI, el diputado federal con licencia, Baltazar Hinojosa. ¡Zas!
EN EL CHACALEO.
En agosto próximo, el senador Ismael Hernández, termina como presidente de la Bicamaral de Seguridad, que hoy, se reúne con el titular de la Segob y de la PGR… (www.los3poderes.com)… (juanlopez23@hotmail.com)…