Cuando partidos y actores políticos de este país, alistan estrategias del proceso interno que realizarán, y de esa manera, postular a su candidato presidencial en el 2018; cuando en toda la República, los ciudadanos esperan ver resultados más concretos de la gestión de Enrique Peña Nieto, como Presidente; cuando empresarios, comerciantes, ciudadanos, ¡nada más! no ven cómo los beneficien reformas estructurales que aprobó el Congreso; cuando el gobierno federal, debe hacer el balance sexenal y palomear qué sí y qué no, fue lo que cumplió el titular del Ejecutivo, como candidato presidencial, éste, anuncia cambios en el gabinete.

Esta vez, se trata de los senadores con licencia, Arely Gómez González, para secretaria de la Función Pública y Raúl Cervantes Andrade, para la PGR, entes públicos que, en el gobierno peñista, reciben severos cuestionamientos de la opinión pública en general, por casos que fueron y son escándalo nacional al iniciar los primeros años del sexenio.

Está el conflicto de intereses, en el que incurren varios miembros del gabinete, como el titular de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, quien durante la discusión, votación y aprobación de la reforma energética, la senadora Dolores Padierna, le pidió renuncie al cargo, porque su familia, detenta virtual monopolio de gasolineras en Quintana Roo.

O la decepción que generó en todo el país, el último titular de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, por el asunto de la “casa blanca”, propiedad que se le atribuyó a la primera dama del país, la señora Angélica Rivera; caso en el que el ex funcionario, de manera virtual, deslindó de cualquier responsabilidad, al Presidente y su esposa.

No se queda atrás, la Procuraduría General de la República, que tiene casos pendientes como el de Ayotzinapa, Nochixtlán; o el más reciente: el de Javier Duarte de Ochoa, gobernador con licencia de Veracruz, con acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento inexplicable y el de otros actores políticos del PAN y del PRI.

Todos ellos, por mencionar algunos, son de los casos que están pendientes en la PGR.

El viernes pasado, el presidente Enrique Peña Nieto, convocó a su staff, para pedirles que hagan eficiente -en dependencias y entes que sus colaboradores tienen a su cargo-, el paquete económico que discute y está por terminar de aprobar el Poder Legislativo –el próximo 15 de noviembre, con el Presupuesto del ejercicio fiscal del 2017-.

Motivo por el cual, el lunes pasado, en esta columna, referimos que si esa reunión a la que convocó el Presidente de la República, “¿a poco significa que no habrá cambios de secretarios de despacho a partir del primero de diciembre? ¿Porque, para qué convocarlos antes de la emblemática fecha para el líder del grupo Atlacomulco, si varios de ellos, no estarían con el cargo que hoy tienen, a partir del día que Enrique Peña Nieto, inicia el conteo final de su gobierno. ¿O sí, habrá relevos?”.

Empero, nos equivocamos, porque no fueron antes del 1 de diciembre, cambios entre colaboradores del primer priísta del país, éstos, fueron ¡de inmediato!, luego que, ayer, el senador Raúl Cervantes Andrade, pidió licencia –segunda que solicita-, por tiempo indefinido, hecho que propició conjeturas sobre su nuevo cargo, hasta que –por la tarde- Presidencia de la República, confirmó versiones de su nueva encomienda.

De esa manera, a la senadora con licencia, Arely Gómez González, el Presidente -con facultades que le otorga el 89 constitucional-, la designa secretaria de la Función Pública y a su compañero, Raúl, como Procurador General de la República, en los términos del 102 constitucional, inciso “A”; propuestas, que ratificará el Senado.

Bien! que ellos, acumulen cargos en su currículum, pero, ¿servirán al país, estos nuevos nombramientos?, cuando la maestra Arely y el abogado Cervantes, llegan al cargo, a dos años, 37 días, de terminar la administración de Enrique Peña Nieto. ¡No!, ¿verdad? ¿Sí?

EMILIO GAMBOA, ENCABEZA INICIATIVA PARA AMPLIAR PERIODO A MAGISTRADOS.

Como acordaron en la Junta de Coordinación Política -por separado-, jefes de bancada del PRI-PAN-PRD-Verde, en la Cámara de Senadores, presentaron iniciativa para ampliar el período anual de 4 magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de los 7 que, aprobaron en la sesión del jueves pasado, en votación de mayoría calificada.

De esa manera, a 10 días de que asuman su cargo en el Trife, la reforma a Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, permitirá que dos de ellos, quienes fueron electos en un principio, para el periodo del 4 de noviembre próximo al 31 de octubre del 2019, duren en su designación, hasta el 31 de octubre del 2023.

Y dos magistrados electos para el periodo del 4 de noviembre de este año al 31 de octubre del 2022, terminan el cargo, hasta el 31 de octubre del 2024.

La iniciativa, que ya analizan miembros de comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, debe de votarse y aprobarse antes del 4 de noviembre siguiente, por lo cual, se espera, dictaminen al fast track, para que los magistrados electorales del nuevo Trife –los que calificarán la elección de Presidente en el 2018-, en tiempo y forma, cubran requisitos legales, para la duración de su designación.

Así, los magistrados electos, Indalfer Infante González y José Luis Vargas Valdez, terminan su cargo en la Sala Superior del Trife, hasta el 31 de octubre del 2023, es decir, el Senado, le amplía su periodo, de 3, a 7 años.

Y Felipe Alfrredo fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, tienen para desempeñarse como magistrados electorales, hasta 8 años, de 6, que en un principio les aprobó el pleno del Senado. O sea, les añaden 2 años más.

Suscriben el proyecto de iniciativa: los senadores Emilio Gamboa Patrón, Fernando Herrera Ávila, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta y Carlos Puente Salas, así como sus compañeros, Angélica de la Peña Gómez y Fernando Yunes Márquez.

La iniciativa considera que los miembros de la Sala Superior del Trtife, tendrán un tiempo razonable para desempeñarse, lo cual, atiende al principio de estabilidad judicial, la garantía de derechos de los justiciables, construcción jurisprudencial en materia electoral y pluralidad de criterios conforme a la designación escalonada.

Así, el decreto que firman los coordinadores parlamentarios de las principales fuerzas políticas en la Cámara Alta, expone que los 7 nuevo magistrados que, inician el cargo el 4 de noviembre próximo, dos de ellos, deben concluir su mandato en 7 años; dos más, en 8 y los tres restantes, en 9. Con la reforma que alistan aprobar senadores, se espera que el nuevo Trife, realice un funcionamiento óptimo. ¡Ojalá!, no sea Trife de consigna.

EN EL CHACALEO.

Casualidad o coincidencia: el mismo día que el primer priísta del país nombra nuevo Procurador de la República y nueva secretaria de la Función Pública, el partido, expulsa de sus filas, al gobernador con licencia, Javier Duarte de Ochoa. Está claro entonces, que los senadores con licencia, Arely Gómez González y Raúl Cervantes Andrade, tendrán entre su nueva responsabilidad, el caso del delfín de Fidel Herrera Beltrán, a quien el clima invernal que se avecina en Barcelona, España, junto con la desgracia política del que fue su tapadera en Veracruz, en el gobierno estatal, le calará más que los huesos… ¡Ah! y para cuando el invierno llegue a Europa, en Veracruz, el enemigo político-personal de Herrera, ya será gobernador constitucional. La política: rueda de la fortuna… www.los3poderes.com… Juanlopez23@hotmail.com… Twitter: @JuanLopezMiguel…