Siete días después de anunciar la creación de iniciativa ciudadana que presentarán en la LXIV Legislatura, a partir del próximo 1° de septiembre, para que el país cuente con Fiscal General -autónomo e independiente-, el organismo cúpula del sector privado, emitió virulento posicionamiento, por el nivel de inseguridad y violencia en la República.
Los empresarios, los que generan empleos formales, están ¡hartos! de la inseguridad en que llevan a cabo su actividad productiva en la nación, donde los extorsionan, secuestran, les cobran derecho de piso, roban sus mercancías que transportan para distribución o de plano, les quitan la vida por negarse a ser víctimas de esos flagelos.
Desde el sexenio de Vicente Fox, el de Felipe Calderón, se sabe, prósperos empresarios del grupo Monterrey y sus familias, emigraron a ciudades fronterizas de Estados Unidos, para no exponerse a que los secuestren o “levanten” los miembros de la delincuencia.
Entonces, quienes gobernaron Nuevo León, Natividad González Parás y Rodrigo Medina de la Cruz, les importó un cacahuate esa alerta roja entre la iniciativa privada y no hicieron nada. El primero, sin pudor alguno, se autoexilió de la entidad, para buscar refugio seguro, apenas terminó de mal gobernar. ¡Imagínense!
No es casual que en ese estado, como el resto del país, el PRI, perdiera la gubernatura y gobierne un Ejecutivo local “independiente”, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”.
Señal que en el PRI y el grupo en el poder, Atlacomulco, no captaron ni entendieron.
No extraña entonces, que los hombres de la iniciativa privada, a 3 meses con 24 días de terminar el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de manera virtual, lo culpen por situación latente en el país, en los flagelos de inseguridad, violencia y crímenes.
“Si bien, el gobierno entrante ha anunciado algunos cambios institucionales que pudieran contribuir a frenar la crisis, en Coparmex creemos que el gobierno en turno, debe asumirse aún como el principal responsable de emprender a la brevedad, las acciones necesarias para pacificar al país”, observa de manera fehaciente, la central de empresarios, con sustento en la publicación del INEGI, en días pasados, de cifras de homicidios que ocurrieron el año pasado.
“Por muchos años ya, las cifras de violencia, específicamente de homicidios dolosos, se han venido incrementando a niveles alarmantes y ¡nunca! antes visto en México”, critican. Sin ambages, exigen a la saliente administración peñista:
“En Coparmex, hemos insistido en que se requiere urgentemente de la actuación del gobierno federal, para detener la embestida de violencia por parte de la criminalidad, que tiene a varios estados de la República Mexicana, en máximo estado de alerta; clima que afecta gravemente tanto la inversión nacional como la extrajera y, desde luego, a la actividad turística”.
Sin tapujos, los empresarios, consideran que son necesarias una serie de acciones, todas en la facultad del gobierno de la República, o sea, el de Enrique Peña Nieto, para hacer eficiente el combate a la inseguridad y violencia. Ellos, plantean 6 lineamientos:
Fortalecer instituciones de prevención y procuración de justicia, para combatir y castigar violencia que vive el país; elaborar estrategia integral de prevención del crimen, que incluya no sólo áreas de seguridad, también en las de desarrollo social y económico.
Combate a la inseguridad, de manera frontal, en el que utilicen áreas de inteligencia y de investigación financiera, para acabar con estructuras del crimen que afectan a empresas-empresarios y sociedad, al grado del éxodo o cierre de actividades por región.
La cuarta propuesta que hace Coparmex, es más y mejor capacitación para policías en estados y municipios, así como depuración y profesionalización de las policías federales.
Además, invertir para dignificar la labor del policía, con mejores sueldos, seguridad social y, especialmente, dotarlos de herramientas necesarias para hacer frente a quienes atentan contra la seguridad de los mexicanos; rediseñar la arquitectura institucional que se relaciona a la seguridad pública, en coordinación con estados y municipios, y avanzar en la consolidación de una Fiscalía autónoma, para combatir la impunidad, entre otras.
Muy crítica, la Coparmex, en los últimos meses del sexenio. ¿Por qué será? ¿Por qué al cuarto para las doce, critican lo que debieron hacer a la mitad del sexenio? ¿Eh?
MEXICANOS, NO PUEDEN ESPERAR A AMLO; CUESTIONAN INCAPACIDAD DEL ESTADO.
Insistentes y persistentes en criticar acciones de la administración peñista en materia de seguridad y combate a la violencia, para la pacificación nacional, el organismo cúpula que preside Gustavo de Hoyos Walther, de plano, observan al Presidente, que las seis propuestas que hacen, solamente requieren esfuerzo más estricto en implementación de la política pública por parte del actual gobierno.
“Los mexicanos no pueden esperar la llegada de su nuevo titular del Poder Ejecutivo Nacional, para acceder a la seguridad y a la tranquilidad. Es urgente que en los cuatro meses que restan a la actual administración, se tomen las medidas pertinentes para disminuir los índices de homicidios dolosos, de extorsiones, de secuestros y de la comisión de muchos delitos del orden común”, advierten al gobierno de Peña.
En ese contexto, pondera la Coparmex, resulta imperante que desde el gobierno federal, se inicien los trabajos para deslindar a la secretaría de Gobernación de las tareas de seguridad pública y reinstalar la secretaría de Seguridad Púbica que, “como ya sabemos, es compromiso del titular de la administración entrante”.
“En Coparmex, apoyamos esa idea e instamos al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a que impulse ésta y todas las iniciativas necesarias en la materia, en cuanto inicie la próxima Legislatura”, demandan los empresarios a más de tres meses del fin sexenal.
Esos cambios, posicionan, es fundamental por dos razones: porque la seguridad pública requiere de un conocimiento técnico especializado, que no se vea permeado por cálculos o consideraciones políticas. Además, la actuación de la policía, no puede ser un instrumento de gobernabilidad política.
Y porque la seguridad pública concentra la mayor de las diferentes instituciones federales en torno a un objetivo particular y prioritario. “Subordinar la seguridad a consideraciones políticas, sólo amenaza la eficacia en su implementación y es susceptible a servir a otros intereses”, advierten.
Resaltan que el proceso de transición política que vive nuestro país, permite que el gobierno entrante se vaya empapando del diagnóstico y los aprendizajes hechos en el tema, “al miso tiempo que el gobiernos saliente asuma la responsabilidad que mantiene en la materia”. Por si no quedara claro este mensaje con evidente dedicatoria, agregan:
“La transición, no puede ser pretexto para que el gobierno ceda en su responsabilidad de hacer todo lo posible para avanzar en la contención de la violencia”, al referir Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, del INEGI, del 2017: en México, se registraron 31.1 millones de delitos, lo cual, equivale a 37 mil 17 delitos por cada 100 mil habitantes.
En el mismo lapso, se cometieron 31 mil 174 homicidios dolosos, lo cual, significa que ocurrieron 85 homicidios al día, con una tasa de 25 por cada 100 mil habitantes, “cifra que no veíamos desde la década de los sesenta y mayor al doble de la observada hace 10 años”, acusa la iniciativa privada. Directos, agrandan acusación:
“La situación ha empeorado consistentemente en los últimos años. Específicamente, a partir del 2014, cuando las cifras se incrementaron en más del 50% hasta finales de 2017.
Con base en datos del secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, especialistas estiman que la comisión de delitos este año, crecerá en un 10% adicional”.
Como remate, señalan que:
“Las tendencias hablan de una clara incapacidad del Estado para contener la crisis. Las cifras no sólo reflejan un incremento en número, sino una mayor dispersión regional. Los estados más violentos han dejado de concentrar una gran mayoría de los homicidios, lo cual nos habla de más concentración en estados que fueron pacíficos”.
Sin olvidar exigencia al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, “para que, en los cuatro meses que aún continúan de su administración, establezca estrategias claras, efectivas y de fortalecimiento en el sector de la seguridad pública, así como que se acometan los cambios legislativos necesarios para acelerar las transformaciones institucionales requeridas en el futuro próximo”. Epílogo a lo anterior, lo que sigue:
“El combate a la inseguridad, debe intensificarse urgentemente. Por eso hacemos un llamado al gobierno federal encabezado por el presidente Peña Nieto, para que reconozca que sigue siendo el principal responsable de mitigar la crisis”.
“En sus manos, está mejorar la implementación de las políticas posibles e impulsar las iniciativas de ley que permitan mejorar la arquitectura institucional que servirá al nuevo gobierno para enfrentar la gran crisis de la situación”.
Sólo falta esperar réplica del destinatario del posicionamiento de la Coparmex, ¿verdad?
EN EL CHACALEO.
Si la Coparmex, emitió virulenta crítica por niveles de inseguridad y violencia en el país, en la Cámara de Senadores, acusaron que las reformas estructurales no detonaron crecimiento económico ni abatieron desigualdad, de acuerdo a las expectativas. Por el contrario, se crece a ritmos menores y no propiciaron empleos bien pagados, coincidieron expertos que analizaron las reformas peñistas, durante el foro “Balance de las Reformas Estructurales”, que organizó el Instituto “Belisario Domínguez”… Roberto Martínez Yllescas, de la OCDE, expuso que la ejecución de reformas no disminuyó desigualdad, no sólo entre población, sino tampoco entre regiones. Por el contrario, ésta, va en aumento. Gerardo Esquivel Hernández, del Colegio de México, apuntó que existe un problema con expectativas que generaron las reformas, pues hubo sobreventa de éstas y no funcionan por un diagnóstico erróneo y mal implementación. ¡Zas!… twitter: @JuanLopezMiguel… www.los3poderes.com… juanlopez23@hotmail.com…