¡Qué bien!, que nuestros representantes populares sopesaron el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, la noche del pasado 26 de septiembre, para iniciar y expedir leyes para investigar y penalizar la tortura, tratos o penas crueles -inhumanas o degradantes- y desaparición forzada de personas.

Previo al próximo domingo, cuando se cumplen 7 meses de los horrorosos hechos que dieron la vuelta al mundo y que en nuestro país, sacudieron a la clase política oficial y de oposición, comisiones unidas de la Cámara de Senadores –Cámara de origen de iniciativas que presentó el Ejecutivo Federal, en materia de seguridad y justicia, motivadas por el caso de Iguala, Guerrero-, por unanimidad, aprobaron dictamen que reforma el artículo 73 de la Constitución, para legislar en aquellas materias, que generalmente, transgreden derechos humanos de quien las sufre o vivió.

De esa manera, ¡seis! comisiones ordinarias en la sede del Paseo de la Reforma número 135, dieron los primeros pasos para establecer en ese apartado constitucional -referente a las facultades del Congreso de la Unión-, hacer leyes para castigar esos flagelos que, generalmente, en la mejor época del priísmo, se aplicaban contra los enemigos y adversarios del régimen; o la mejor receta para dirimir conflictos sindicales.

O como medidas de represión para los que protestaban por el statu quo que imperó durante los 70 años que ejerció el poder, sin alternancia, el Partido Revolucionario Institucional, ¡Claro!, sin omitir la manera en que durante la Revolución, los hombres que ejercían el poder, acababan con sus enemigos, como el caso del senador, Belisario Domínguez, quien osó protestar en tribuna, contra el cuartelazo de Victoriano Huerta.

El dictamen que aprobaron miembros de comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Justicia, Derechos Humanos, Estudios Legislativos; Estudios Legislativos, Primera y Estudios Legislativos, Segunda, incluye artículo transitorio, en el cual, senadores establecen que en 180 días, el Poder Legislativo, expedirá leyes reglamentarias.

Es decir, una vez que el decreto concluya su proceso legislativo y que el presidente Enrique Peña Nieto lo promulgue, el Senado tiene un semestre para analizar, discutir y aprobar leyes en la materia, lo que ocurriría en la LXIII Legislatura, en su primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio, que inicia en septiembre próximo y concluye el 15 de diciembre siguiente.

El dictamen que aprobaron en comisiones unidas, considera que se tomaron en cuenta diversas iniciativas que presentaron senadores de diversos grupos parlamentarios, quienes coinciden que la desaparición forzada de personas, es un delito que constituye una violación múltiple a los derechos humanos.

En ese contexto, exponen como impostergable, tomar medidas contundentes para que ese delito, sea previsto en el marco legal que rige en el país, para que la autoridad investigue, y para establecer responsabilidades penales que procedan, así como sanciones adecuadas a quienes perpetren esta conducta ilícita.

Senadores de la República admiten que la tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y desaparición forzada de personas, requieren de un orden constitucional que permita al Congreso de la Unión, expedir una ley general en la materia, donde se establezca la concurrencia y coordinación de los tres órdenes de gobierno, pues en estos delitos, se encuentran involucrados servidores públicos y autoridades.

Reconocen que por compromisos internacionales contraídos por el Estado mexicano, es de vital importancia que la Constitución, sustente la competencia del Poder Legislativo para dotar de un ordenamiento que homologue la descripción de la conducta acreedora de pena y sanciones imponibles, así como otras, para prevenir, enjuiciar y sancionar esos delitos. ¡Qué bien! que los senadores no nada más aprobaron privatizar el sector energético del país, sino también, van por leyes para castigar a servidores públicos que para arrancar una confesión a modo, ejercen la tortura; o para eludir al adversario, ordenan su desaparición; ominosa receta, para mantener y ejercer el poder.

IMPORTANTE, TOMAR MEDIDAS PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA.

El dictamen que aprobaron las comisiones unidas, refiere que México asume obligaciones en diferentes Acuerdos y Tratados Internacionales, para el delito de la tortura, por lo cual, es importante que nuestro país adopte todas las medidas legislativas inherentes a la prohibición, prevención, investigación, enjuiciamiento y sanciones de conductas prohibidas en esos Tratados.

Con la facultad para el Congreso de hacer leyes para combatir esa conducta, los senadores consideran que permitiría homologar los tipos penales y sanciones, sin demérito de otras previsiones propias en la materia, como por ejemplo, medidas cautelares o de atención a las víctimas y los ofendidos por esos ilícitos penales; además de precisar el orden jurídico aplicable por los diferentes ámbitos de competencia en cada uno de los órdenes de gobierno.

“Lo anterior, tiene como fin prevenir, combatir y erradicar ese tipo de ilícitos, pues menoscaban derechos fundamentales de las personas, relacionados con el más amplio disfrute de las libertades personales”, expone el dictamen.

Al respecto, la senadora del PRD, Angélica de la Peña Gómez, expuso que la reforma al 73 constitucional, establece condiciones para trabajar en las leyes generales, a fin de unificar en todo el país, el tipo penal para tortura y desaparición forzada. Actualmente, recordó la presidenta de la comisión de Derechos Humanos, en los estados, hay una interpretación distinta, que no siempre es acorde a los Tratados Internacionales.

“En el caso de México, aún no existe con toda precisión, cuáles son las características de la desaparición de personas, pues algunas se realizan por agentes del Estado; otras, por particulares o el crimen organizado, mientras que unas son voluntarias”, aclaró.

Con leyes reglamentarias que se aprobarán, consideró el senador panista, Roberto Gil Zuarth, se regularán también otro tipo de “fenómenos”, como son: detenciones arbitrarias, abuso del arraigo, sustracción ilegal de menores y todas aquellas conductas que implican privación de libertad y que violan el marco legal que impera en México.

Tiene razón el senador perredista, Alejandro Encinas –presidente de la comisión de Estudios Legislativos, Segunda-, al afirmar que la reforma que dictaminaron, ofrece respuesta a la demanda social que por décadas, el Estado las minimizó. Implica también -expuso en la reunión de comisiones unidas-, que el Estado asuma su responsabilidad por desapariciones forzadas de carácter político y su obligación de garantizar seguridad e integridad física de los ciudadanos, ante hechos delictivos. ¡Ojalá! que así sea.

EN EL CHACALEO.

Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó el “mini Fobaproa”, que es la forma oculta detrás de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, al contemplar mil 700 mdp para resarcir a los que defraudó el Ficrea, caja de ahorros que, sin liquidez, siguió fondeándose de recursos de particulares y ahora, lo rescatan con recursos públicos… Si el PRD defiende, su bastión electoral capitalino, el grupo Atlacomulco, con más razón, defenderá el bastión político que les permitió llegar al poder sexenal: el Estado de México, en el cual -el próximo viernes primero de mayo-, inician campañas electorales para elegir Congreso local, alcaldes, y 40 diputados federales. Si ganan o pierden distritos, curules o alcaldías, quien se alzará con la victoria y quién con la derrota: el primer priísta del país o el gobernador ¿Quién?… (www.los3poderes.com)… (juanlopez23@hotmail.com)…