¡Al fin!, después de diversos señalamientos y acusaciones en su contra por actividades ilícitas -como gobernador de Tamaulipas-, el partido que le dio fama, poder y fortuna personal y política, el Revolucionario Institucional, decidió expulsar de su militancia, a Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien de ahora en adelante, ya sin el manto protector partidista, es cuestión de la justicia mexicana, su localización y presentación ante las autoridades, para que lo juzguen y castiguen.

Él, al igual que su sucesor en el gobierno tamaulipeco, Eugenio Hernández Flores, hicieron de las suyas en la entidad y los resultados, se dejaron sentir: corrupción, abuso de poder, delincuencia organizada, secuestros, malos servicios públicos, etcétera.

O sea, al igual que Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, cumplieron sus deseos de gobernar su estado natal, pero al costo que sea y la historia, ya los juzga y no precisamente porque fueron buenos gobernantes, ¡para nada!, sino por todo lo que solaparon e hicieron en su gestión.

Ellos, como Roberto Borge Angulo y su antecesor en el gobierno de Quintana Roo, el actual senador priísta, Félix Arturo González Canto, hicieron y deshicieron a su antojo con el poder político y económico que obtuvieron como mandatarios estatales, y también, los resultados, fueron notorios; hoy, el primero paga las consecuencias, porque el viernes pasado, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI que preside Enrique Ochoa Reza, anunció que la Comisión Nacional del Justicia Partidaria, le suspende derechos partidistas, ante “graves acusaciones” en su contra.

O sea, por la corrupción y altos índices de deuda con la que dejó su administración a su sucesor, el ex priísta y neo panista, Carlos Joaquín González; además de vender terrenos turísticos, a sus más allegados y crear falsas fiscalías anticorrupción, en vano intento de protegerse, antes de dejar el cargo de gobernador en la entidad del Caribe.

Todos ellos, tienen un vínculo común: además de no hartarse en gastar recursos públicos a su antojo, de repartir al compadre o “amigos” cargos de poder en la entidad que gobernaron; de mandar a la Cámara de Diputados a sus lacayos y repartir alcaldías como virtual burla al voto popular, entregaron el gobierno a los adversarios del PRI, a los que integraron coalición PAN-PRD, y de esa manera, la alternancia llegó a Quintana Roo, Veracruz, Chihuahua y Tamaulipas. ¡Nada más!

La pésima actuación de ellos, como actores políticos y como gobernadores en aquellos estados, tuvo una vergonzosa resonancia el primer domingo de junio pasado: un referéndum adverso al partido en el poder, al PRI, al primer priísta y a ¡7! candidatos que postuló el partido para gobernadores en 12 entidades.

Ello, es una cuenta por cobrar para todos esos ex gobernadores que por un sexenio o dos, de manera virtual, ejercieron el poder –con el sucesor-, a base de corrupción, vínculos con la delincuencia y endeudar a esos estados, como si el país estuviera para pagar caprichos de los que fueron virreyes en esas entidades.

En este espacio adelantamos que el PRI, en este mes, ajustaría cuentas partidistas –expulsión o suspensión de derechos-, a varios de ellos, como Roberto Borge Angulo y César Duarte Jáquez; el viernes pasado, inició la purga.

Sólo falta que el partido puntualice en qué condiciones permanece como priísta el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores y de esa manera, el combate contra la corrupción que emprendió Enrique Ochoa Reza en el partido, tome ruta y con ello, los candidatos que postule a un cargo de elección popular en el siguiente año –Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz-, salgan con la cara limpia a pedir el voto popular, porque ellos sí, pasaron filtro anticorrupción que acordó y aprobó el Consejo Político Nacional, la semana pasada. ¡Vaya!

ADEMÁS, EXPULSAN PARTE DE LA CAMARILLA DE FIDEL HERRERA Y JAVIER DUARTE.

Productiva justicia partidaria -para militantes y ciudadanos-, resolvió la comisión del ramo del CEN del PRI, durante la XII sesión ordinaria que realizaron sus integrantes, los cuales, fundamentaron suspender derechos al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo y expulsar al ex mandatario tamaulipeco, Tomás Yarrington, así como a “pequeños” miembros de la pandilla que secuestró Veracruz por 12 años: Arturo Bermúdez Zurita, José Antonio Chara Mansur Beltrán y Gabriel Deantes Ramos.

En los tres casos, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, acreditó falta de probidad como militantes del partido, en el gobierno del señor Javier Duarte de Ochoa.

Así lo comunicó la CNJP, el viernes pasado:

“En los procedimientos sancionadores iniciados el 20 de septiembre último en contra de los militantes Arturo Bermúdez Zurita, José Antonio Mansur Beltrán y Gabriel Deantes Ramos, por realizar conductas contrarias a los Documentos Básicos del Partido Revolucionario Institucional, y por falta de probidad durante el gobierno de Javier Duarte en el estado de Veracruz, se determinó su expulsión, al acreditarse que los señalamientos de corrupción en su contra y su actuar, han generado un deterioro grave en la imagen de nuestro instituto político”.

En el caso de quien, junto con Eugenio Hernández, secuestraron el poder tamaulipeco, el órgano priísta informó:

“En la sesión también se aprobó la expulsión del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, por vulnerar sistemáticamente los Estatutos del Partido, el Código de Ética y cometer actos de falta de probidad durante su gestión, al ser señalado como autor de diversos actos de corrupción y, en consecuencia, haber afectado la imagen del PRI”.

Como expuso el primer priísta del país, Enrique Peña Nieto y el dirigente del partido, Enrique Ochoa Reza -durante sesión solemne de instalación del VI Consejo Político Nacional, el pasado domingo 27 de noviembre, en la sede partidista-, con estas acciones:

“…el PRI, refrenda su compromiso de combatir frontalmente la corrupción y sancionar todas las conductas que afecten el desempeño de los funcionarios públicos emanados de sus filas”. Con clara dedicatoria a casos pendientes, el CEN del PRI, advierte:

“En el Partido Revolucionario Institucional, se seguirán analizando con toda puntualidad, los otros casos señalados por las instituciones del Estado mexicano y en los medios de comunicación”. ¡Zas!

EN EL CHACALEO.

Con motivo de la Glosa del IV Informe de Gobierno, el Ejecutivo respondió preguntas que hicieron senadores del PAN, sobre homicidios dolosos, los cuales -reconoce el gobierno-, se incrementaron este año. En ese sentido, el coordinador de la bancada, Fernando Herrera Ávila, pondera que se confirma: la estrategia de seguridad del régimen peñista, no da resultados y se requiere cambio de fondo, “como hemos venido proponiendo hace meses”… Su homólogo en San Lázaro, Marko Cortés Mendoza, refirió productividad legislativa en el periodo que se clausuró el jueves pasado: “3 de cada 10 dictámenes aprobados por la Cámara de Diputados, fueron por iniciativa de la primera fuerza de oposición del país y, aunque fue un periodo productivo, quedaron asignaturas pendientes por cumplir, como es corregir la tóxica reforma fiscal, el mando mixto policial y la legislación que regula la participación del Ejército en la seguridad interior”. Esperamos, señala, “para el segundo periodo del segundo año de la LXIII Legislatura, mayor disposición de las demás fuerzas políticas”. La dedicatoria, para César Camacho… juanlopez23@hotmail.com… twitter: @JuanLopezMiguel… www.los3poderes.com…