72 horas después de rendir protesta constitucional como Presidente de la República, como ofreció en su mensaje de asunción al poder, emitió decreto por el que instruye a dependencias y organismos de la administración pública federal, implementen mecanismos necesarios a efecto de destinar y aplicar los recursos materiales, jurídicos y humanos que se requieran, con el objeto de fortalecer el ejercicio del derecho que los familiares de las víctimas del caso tienen, de conocer la verdad.

El decreto que ayer firmó el Presidente y los titulares de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Hacienda y Salud, ordena conformar una comisión que se integra, al menos, por familiares de los estudiantes que desaparecieron o quien ellos designen, los represente, sus abogados personales, además un representante de la secretaría de Gobernación, cancillería mexicana y de Hacienda. Equipo de trabajo al que se integran expertos profesionales y técnicos que se requieran y contraten con recursos de la virtual Comisión de la Verdad.

“El propósito es conformar un equipo de trabajo autónomo, interdisciplinario, que otorgue la asistencia que los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa  requieran ante el Ministerio Público, a fin de hacer valer con efectividad el derecho humano que las víctimas u ofendidos, tienen a un correcto acceso a la justicia y al conocimiento de la verdad”, establece el decreto presidencial, el cual, preside la Segob, a través del Subsecretario de Derechos Humanos.

Es decir, Alejandro Encinas Rodríguez, ejercerá interlocución necesaria, con respeto a la autonomía del MP, para asegurar que las investigaciones se practicarán sin sesgos, con independencia, imparcialidad y, en estricto apego a la legalidad, hasta el debido esclarecimiento de la verdad. Este funcionario tiene en sus objetivos, buscar que el MP, cree una Fiscalía Especializada  o Comisión Especial para investigar los hechos en el que desaparecieron 43 normalistas de la Escuela Normal Rural, “Raúl Isidro Burgos”.

“El titular del Poder Ejecutivo tiene claro que no habrá justicia plena si no se sabe la verdad. Es un imperativo de este gobierno dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa”, resalta el documento que firmó el Ejecutivo Federal.

Instruye a diversos organismos del gobierno federal, acorde a sus competencias, conformen una comisión que contribuya al fortalecimiento del derecho de los familiares de las víctimas a la búsqueda de la verdad.

La comisión que se crea, proveerá a familiares de las víctimas y sus asesores -como parte coadyuvante de las investigaciones que realice la PGR-, recursos materiales y humanos que se requieran para fortalecer el ejercicio del derecho que tienen para que las investigaciones se reconduzcan adecuadamente, a satisfacción de los ofendidos y de la sociedad en general, que reclaman el esclarecimiento de los hechos y las consecuencias que de ello, deriven.

La decisión es independiente, pero concordante con el espíritu de la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito -con residencia en Reynosa, Tamaulipas-, en el sentido de que es deber del Estado, buscar la verdad.

La Comisión de la Verdad para el vergonzoso episodio que sucedió entre la noche del 26 de septiembre del 2014 y madrugada del día siguiente, en el estado de Guerrero -que propició la caída del entonces gobernador del estado, Ángel Heladio Aguirre Rivero, PRD-, garantizará recursos presupuestarios que requiera, con opción de poder recibir financiamiento de organismos internacionales u organizaciones civiles en materia de derechos humanos.

Mandata que organismos y dependencias del gobierno, que cuenten con información o pruebas que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos, en búsqueda de la verdad, deberán de facilitarla, sin mayor condición o reserva, a la comisión que se crea, para que ésta, la haga llegar al MP, “cuidando en todo momento, la independencia de la institución y la legalidad del caso”.

“Esto incluye, de resultar necesario, permitir, con todas las seguridades que se ameritan conforme a la ley, el libre acceso a los miembros de la comisión, así como a los autorizados por ésta, acompañados por el Ministerio Público Federal, a aquellas instalaciones en las que por las circunstancias del caso se asuma, puedan encontrarse o pudieron haber estado, las personas desaparecidas y/o vestigios relacionados con ellos”, pondera el decreto que firmó López Obrador.

Puntualiza que no podrá calificarse como reservada aquella información que se relacione con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; así como bajo el presupuesto de que no puede reservarse información, cuando con ello se obstruya la prevención o persecución de los delitos.

¡Ojalá!, el decreto presidencial, no sea uno más, y sólo sea una salida fácil, para un problema de reclamo social en el que se encuentran familiares de los normalistas que desaparecieron, hace más de cuatro años.

EN EL CASO DE LOS 43 NORMALISTAS, “NI EN NINGÚN OTRO”, HABRÁ IMPUNIDAD.

En 72 horas que lleva de ejercer la Presidencia de la República, comenzamos a entender, descifrar, el discurso lopezobradorista, como el que ayer hizo en el marco de la firma del decreto presidencial, para el horroroso episodio de Ayotzinapa, como lo calificó en tribuna después de los trágicos hechos, el entonces diputado, Ricardo Monreal Ávila.

Está claro, que la decepción en su primer mensaje a la nación, con la  banda presidencial puesta -sábado pasado, en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados-, el titular del Ejecutivo Federal, puntualizó el perdón político y lo que ello significa, para quienes en el pasado reciente y no tan reciente, incurrieron en actos de corrupción.

Y más claro está, cuando Andrés Manuel López Obrador, define que no habrá impunidad, para otros casos, como los tráficos hechos de la noche del 26 de septiembre del 2014 y la madrugada siguiente, cuando desaparecieron 43 estudiantes normalistas.

O cómo entender su mensaje, ayer, en la ceremonia por la firma de aquel decreto.

-“Con este decreto, se ordena a todo el gobierno, en lo que corresponde al Poder Ejecutivo, para que se preste todo el apoyo a ustedes, a la comisión que se va a integrar, para llegar a la verdad. Todo el gobierno va a ayudar en este propósito y les aseguro que no habrá impunidad, ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro”.

Es decir, en este caso -como en otros, que no sean de corrupción del pasado reciente-, no hay compromisos políticos de ningún orden que impidan el acceso a la verdad y a la obtención de la justicia.

El Presidente, afirmó que no existirá ninguna traba u obstáculo en el desarrollo de las diligencias que estarán a cargo de la Comisión de la Verdad, la cual, contará con amplias facultades. Aclaró que “llegar a la verdad y hacer justicia,  no debilita a las instituciones, las fortalece”. Una de las acciones que contribuirá a establecer la realidad de los hechos, resaltó, será el respaldo institucional a quienes cuenten con información sobre el caso.

-“Lo de los testigos es algo muy importante, garantizarles protección para que den a conocer con libertad todo lo que saben y llegar al fondo del asunto, que se esclarezca todo lo que sucedió, que se llegue a  la verdad y que haya justicia”.

El Presidente explica que el Poder Judicial determinó que sea la PGR o, en su caso, la nueva Fiscalía General, la que se encargue de constituir la Comisión de la Verdad.

No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ofreció un:

-“… pero vamos a estar nosotros pendientes, no nos vamos a lavar las manos. Habrá respeto a la autonomía, pero es un asunto de Estado, un asunto que nos importa mucho a todos los mexicanos, por eso, cuenten con todo nuestro apoyo”.

El decreto, se publica hoy en el Diario Oficial de la Federación y entra en vigor a partir de mañana, como establece el Artículo Primero Transitorio. La comisión que se crea por mandato presidencial, se instala en plazo no mayor a 30 días, es decir, hasta los primeros días del 2019. O antes, si la sensibilidad política, lo demanda.

El virtual responsable de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas Rodríguez, ubicó al caso de los 43 estudiantes normalistas que desaparecieron, como “una de las más graves violaciones a los derechos humanos en la historia de nuestro país”.

En la reapertura del asunto que dejó inconcluso la administración anterior, se retomarán investigaciones de organismos de derechos humanos; del Alto Comisionado de Naciones Unidas; del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes -GIE-, así como la investigación trunca de la PGR, en el sexenio pasado.

Todos esperamos que las investigaciones del caso, se conozcan y sea uno de los primeros asuntos vergonzosos del pasado reciente, en resolver en el nuevo gobierno.

Es lo menos que exigen familiares de las víctimas, ¿verdad?

EN EL CHACALEO.

Ley de Remuneraciones, creación de la Guardia Nacional y “superdelegados”, serán una prueba para la República, en su “cuarta transformación”, si México, tiene una verdadera división de Poderes o sólo es retórica obligada en discursos de nuestros actores políticos… Por lo pronto, gobernadores de Chihuahua, Jalisco y Michoacán, son quienes están dispuestos a defender soberanía de los estados donde fueron elector para ese cargo. Además de Javier Corral Jurado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y Silvano Aureoles Conejo, ¿habrá otros que, defiendan el libre, autónomo y soberano estado que gobiernan, como lo hizo Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en Michoacán? ¿No? O se amparan en la tesis del ex gobernador de Coahuila, Oscar Flores Tapia -qepd-, en el sentido de que: “¡con el Presidente, todo! ¡Contra el presidente, nada!”. ¿Eh?… A propuesta del presidente del CEN del PAN, el consejo directivo de la Fundación “Rafael Preciado Hernández”, aprobó por unanimidad, propuesta de Humberto Aguilar Coronado, como director general de esta institución… La directiva nacional panista, confía en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ratifique triunfo de Martha Erika Alonso, en Puebla, y se cumpla con la decisión que emitieron los ciudadanos del estado en las urnas… Inédita reunión en el Senado: el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, recibió en sus oficinas al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León… ¡Al fin!, en el CEN del PRI, terminan con la hegemonía peñista al frente de la tesorería del partido: la senadora Claudia Ruiz Massieu, nombró a Luis Antonio Godina Herrera, nuevo secretario de Finanzas y Administración. De esa manera, un miembro de la tribu de María de los Ángeles Moreno, asume nueva responsabilidad, tras dejar con números negros, la economía del Fovissste, como Vocal Ejecutivo y desempeñarse como encargado del ISSSTE… Virtual rescate del proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco, pondera el senador Martí Batres Guadarrama, “no pone en riesgo las finanzas ni la macroeconomía, al contrario, asegura estabilidad en este proceso de transición”. ¡Ojalá!… twitter: @JuanLopezMiguel… www.los3poderes.com… juanlopez23@hotmail.com…