Tajante, la acusación que hizo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez:

-“Aún con avances significativos en la formulación de nuevos e importantes ordenamientos, y el reconocimiento casi generalizado sobre la necesidad de su cumplimiento, los derechos humanos no son plenamente respetados y vigentes en México”.

Con esos señalamientos que avergonzarían a los tres niveles de gobierno, y a Los Tres Poderes de la República, el ombudsman, inició su informe anual 2017, como lo mandata el artículo 102 constitucional -apartado “b”, noveno párrafo- y Ley de la CNDH.

No obstante, el defensor de los derechos humanos en la República, reconoció al Poder Legislativo, impulso decisivo a la investigación, sanción y prevención en nuestro país, de prácticas ilícitas que deben abatirse y son contrarias a la dignidad de las personas, al aprobar leyes en la materia. Acusó en la tribuna del “Salón Verde” -donde sesiona la Permanente- que el año pasado, “podrá ser considerado un año atípico para los derechos humanos en  México”.

El 2017, puntualizó, fue año en el que la CNDH emitió más recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos, a pesar de que disminuyó número de quejas que se promueven contra la secretaría de la Defensa Nacional o la de Marina.

Puyante, el defensor de las garantías individuales, fustigó y criticó a los tres niveles de gobierno, por fallas que ejercen en protección de los derechos humanos en la nación:

-“Del mismo modo, los índices históricos de violencia e ilícitos registrados en el periodo, así como la percepción mayoritaria de inseguridad entre la población, son evidencia clara y objetiva de que las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno han fallado en su obligación y responsabilidad básica de proporcionar niveles mínimos de seguridad a la población que posibiliten el cabal goce y ejercicio de los derechos fundamentales”.

Más persistente, fue su crítica a políticas públicas contra la inseguridad, pero que tienen resonancia en la defensa de derechos humanos de los mexicanos:

-“Estos factores, aunados a la falta de estrategias objetivas y eficaces en el combate a las organizaciones criminales; en el entorno de pobreza, exclusión, desigualdad y condiciones de precariedad en que viven muchas mexicanas y mexicanos, han generado un contexto de violencia, ilegalidad, impunidad y corrupción que afectó y sigue afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables, siendo expresión de ello, la violencia feminicida registrada en varias entidades; los ataques y agresiones a periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos; los abusos a migrantes, así como la existencia de las llamadas nuevas formas de esclavitud”.

En ese contexto de impunidad para violar derechos fundamentales de los mexicanos, Luis Raúl González Pérez, criticó atentado contra defensores de derechos humanos:

-“En un hecho inédito, la violencia contra defensores de derechos humanos cobró en la persona del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, su primera víctima mortal dentro del sistema de protección no jurisdiccional previsto por nuestra Constitución, caso que, al igual que la mayoría de las situaciones a las que me he referido, continúa en la impunidad”.

En virtual mensaje al nuevo secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida y al responsable de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, el ombudsman, fue directo:

-“Es incontrovertible el abandono a nuestras policías debido al deficiente diseño institucional, inadecuadas políticas y esquemas de reclutamiento y selección; indebida formación y capacitación, así como las fallas de los esquemas de coordinación interinstitucional y en la asignación de los recursos operativos requeridos”.

Sin ambages, remató en su crítica al sistema policial en México:

-“Asimismo, esta realidad que nos desafía y confronta, deja en claro la falta de políticas públicas integrales y pertinentes en materia de seguridad y justicia; de legislación oportuna, así como la urgencia de acabar con la amplia tolerancia que se tienen ante el incumplimiento y falta de aplicación de la ley”.

También criticó falta de acuerdos entre el Poder Ejecutivo-Legislativo, para implementar el Sistema Nacional Anticorrupción o mejor dicho, para nombrar Fiscal General de la República, Electoral y Anticorrupción que, en este espacio, recién señalamos:

-“Un claro obstáculo para la consecución de estas metas, ha sido la imposibilidad práctica para que los mecanismos anticorrupción y las fiscalías autónomas entren plenamente en operación y ejerzan a cabalidad sus atribuciones, con lo cual se preserva la  laxitud en la rendición de cuentas, la impunidad de los servidores públicos que incurren en conductas ilícitas, así como la dificultad para que todas las personas tengan acceso real y efectivo a la justicia, lo cual debilita nuestras instituciones y el Estado democrático de derecho”.

Como se ve, ante legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión -en su última sesión formal; el jueves 1 de febrero siguiente, clausura sus trabajos-, el ombudsman Luis Raúl González Pérez, fue contundente-elocuente en mostrar a nuestros representantes populares, una radiografía de los derechos humanos en México, los cuales, afirmó en tribuna del “Salón Verde”, “ni se respetan, ni tienen vigencia”. ¡Zas!

“ES POSIBLE, PREVENIR Y PERSEGUIR DELITOS, CON RESPETO A DERECHOS HUMANOS”.

Será porque es final de sexenio, o porque son los últimos meses de ejercicio de la LXIII Legislatura, o por lo que sea, pero el informe que expuso en el Congreso el ombudsman, fue crítico, sobre todo, para políticas públicas en materia de derechos humanos.

Empero, virtual beneficio de la duda concede a los tres niveles de gobierno, cuando reitera que para la CNDH, “es posible y compatible la prevención y persecución efectiva de los delitos con el respeto a los derechos humanos”.

-“…pero es preciso no quitar el dedo del renglón”, acota y exige. Y vuelve a exigir:

-“Es indispensable que haya, no de manera excepcional sino como una constante, servidores públicos capacitados, policías y ministerios públicos preparados y con recursos que logren que la investigación de los delitos, así como las tareas de seguridad pública, sean efectivas y cumplan con lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, en un marco de transparencia y rendición de cuentas, que al tiempo que abata la impunidad, inhiba la corrupción”.

Explica que no obstante que disminuyeron quejas y recomendaciones contra la secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina, “ambas instancias, continuaron siendo señaladas como responsables de presuntas violaciones a derechos humanos, que involucran conductas de evidente gravedad, como tortura, desaparición forzada, o ejecución arbitraria, entre otras”. De manera ambigua, Luis Raúl González Pérez, agregó:

-“Es necesario y urgente que las autoridades civiles recuperen el ámbito de la seguridad pública. En tanto las Fuerzas Armadas no puedan retornar a las tareas que les son propias, es previsible que estas imputaciones continúen, desgastando y debilitando la credibilidad y confianza de la sociedad en sus instituciones”.

Fustiga aprobación de Ley de Seguridad Interior, y resaltó que la CNDH presentó acción de inconstitucionalidad, por contrariar “contenido y esencia” de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, “en tanto que genera posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas a favor de las y los mexicanos, además de afectar el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre la Federación y los estados y las instituciones órganos del Estado y Poderes”.

Puntualiza que esa Ley, que argumenta necesidad y conveniencia de dar certeza a la población y a los miembros de las Fuerzas Armadas sobre su actuación en tareas de  seguridad pública, “lo cierto es que la simple lectura de la ley en sus términos actuales, permite advertir que no reporta ningún beneficio directo a las personas ni a los elementos militares que intervienen y arriesgan su vida en esas tareas”.

Más puntual, advierte la “esencia” de Ley de Seguridad Interior:

-“La Ley es, en su parte sustantiva, un instrumento que posibilita el que, sin parámetros objetivos y sin las debidas garantías de transparencia y rendición de cuentas, el Ejecutivo Federal pueda ordenar discrecionalmente la intervención de las Fuerzas Armadas e incidir en el ámbito de libertades y derechos de las personas, por causas y materias que trascienden por mucho, el ámbito de la seguridad individual, por cuestiones tan imprecisas y subjetivas de interpretación, como preservar el desarrollo nacional o el Estado de derecho”.

Está claro que Ley de Seguridad, es un riesgo para protestas sociales, sean éstas de carácter electoral-político-económico, como advierte el ombudsman. ¡Cuidado!

EN EL CHACALEO.

9 diputados y 6 senadores, solicitaron licencia en la Comisión Permanente, para “saltar” de la curul al escaño o viceversa; o para buscar la gubernatura de su estado. Entre ellas, la diputada del PAN, Gina Andrea Cruz Blackledge, presidenta de la comisión de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, el diputado Jorge Ramos Hernández, también del PAN, quien por irse a buscar otro cargo de elección popular, deja la comisión de Seguridad Pública. ¡Total!, es final de sexenio y de Legislatura y ya hizo agua el proyecto de mando mixto o único, que impulsó la oposición y el gobierno federal, respectivamente, en los últimos meses. ¡Viva México! ¡Viva!… Los senadores que pidieron y les aprobaron licencia, son ¡del PRI!… ¿Para quién fue el mensaje que envió el ombudsman Luis Raúl González Pérez, durante su intervención en la sesión de la Comisión Permanente, con motivo de su Informe Anual 2017, en la cual, en la parte final, abordó la coyuntura electoral que atraviesa la República: “el intercambio de ideas y propuestas durante las campañas electorales, puede ser vigoroso, pero para beneficio del país, ¡jamás! debe ser intransigente o fanático”. Por los términos que utilizó, “intransigente o fanático”, quien de los tres principales aspirante a la Presidencia, se pondría el saco: ¿José Antonio Meade Kuribreña? ¿Ricardo Anaya Cortés? ¿Andrés Manuel López Obrador? ¿Quién?… ¿Sabía usted que la CNDH tiene con la Fundación Slim y con la UNAM, un programa de ciudadanización con nuestros connacionales en Estados Unidos para evitar violaciones a sus derechos humanos? ¡Vaya!… La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, felicitó al IMSS, por cumplir ¡75! años al servicio de México. ¡Enhorabuena!… Persiste confrontación verbal entre panistas, José Antonio Meade Kuribreña y el gobierno federal, por el Sistema Nacional Anticorrupción, en el cual, está pendiente nombrar Fiscal General de la República y Anticorrupción; el Fiscal Electoral -corregimos-, es Héctor Marcos Díaz Santana y lo designó el Senado en la última sesión del pasado periodo ordinario de sesiones, designación que adelantamos en este espacio, el viernes 15 de diciembre pasado… El diputado del PRD, Julio Saldaña -secretario de la comisión de Energía-, cuestiona la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto: “en el 2012, se producían 2 millones 548 mil barriles diarios, mientras que en julio del año pasado, tuvo una producción por debajo de los 2 millones de barriles diarios, ¡el nivel más bajo por mes, en más de 20 años!”. ¡Zas!… “Largas en la resolución y presiones al  ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo”, advierte el diputado Jesús Zambrano Grijalva, con motivo de acción de inconstitucionalidad que presentaron legisladores de oposición en la Suprema Corte de Justica de la Nación, contra Ley de Seguridad Interior. Este ministro, pondera Zambrano, decidirá si procede o no, impugnación que presentaron… Mal presagio, para el proceso electoral que atraviesa el país, la visita del presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, a la secretaría de Gobernación. ¿No que el INE es órgano autónomo? ¿No?… Dispuesto a que sus tesis contra la corrupción, se legislen antes del primero de julio próximo, y de esa manera, la autoridad combata ese flagelo, el precandidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade Kuribreña, entregó a los presidentes de la coalición electoral que impulsa su candidatura -que encabeza el dirigente priísta, Enrique Ochoa Reza-, iniciativa de ley para combate a la corrupción y los corruptos, la cual, considera tres vertientes: 1) que los corruptos devuelvan lo que se robaron, para utilizar esos recursos en un fondo para becas de niñas, niños, mujeres y para fortalecer la economía familiar; 2) aumentar las penas para servidores públicos deshonestos, con lo cual, se busca inhibir acciones deshonestas y 3) establecer obligatoriedad de la declaración patrimonial, para altos funcionarios y legisladores… La iniciativa, ya la consideran legisladores del PRI-Nueva Alianza-Verde, para presentarla a discusión, dictaminación, votación y aprobación, en el próximo periodo ordinario de sesiones que arranca el primero de febrero siguiente. ¡Ojalá!, al 30 de abril próximo, se apruebe la iniciativa… twitter: @JuanLopezMiguel… www.los3poderes.com… juanlopez23@hotmail.com…